Suprema ordena tramitar recurso de comerciante que pide eliminar video municipal de control de identidad

La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había declarado inadmisible un recurso de protección interpuesto por un comerciante contra la Municipalidad de Estación Central, a raíz de la publicación en la cuenta institucional de Instagram del municipio de un video que registró un control de identidad realizado por Carabineros. El máximo tribunal concluyó que la acción expone hechos que eventualmente podrían constituir una vulneración de garantías constitucionales, por lo que ordenó darle curso y tramitarla conforme a las reglas del recurso de protección.

El conflicto se originó el 13 de febrero de 2026, cuando el recurrente, quien se desempeña como comerciante ambulante en el sector, fue sometido a un control de identidad por Carabineros de Chile en Estación Central. Fue trasladado a una unidad policial para verificar si mantenía órdenes de detención pendientes, constatándose que no registraba requerimientos, por lo que fue dejado en libertad inmediatamente y sin cargos.

Según expuso en su recurso, el departamento de comunicaciones y seguridad ciudadana de la Municipalidad grabó el procedimiento y posteriormente publicó un video en la cuenta oficial de Instagram del municipio. Alegó que su rostro aparecía nítidamente y de manera destacada en la portada de la publicación, quedando visible para cualquier usuario incluso sin necesidad de reproducir el registro audiovisual.

El recurrente sostuvo que la publicación lo presentó ante la opinión pública en un contexto relacionado con la criminalidad, pese a haber sido liberado sin cargos. Añadió que, debido a que su actividad como comerciante depende de la confianza del público, la difusión le provocó pérdida de clientes y generó un estigma de peligrosidad entre vecinos y otros comerciantes. A la fecha de interposición de la acción, afirmó, el video continuaba disponible, sin que existiera un acto administrativo fundado que justificara su publicación, una notificación previa o una posibilidad de impugnar la decisión.

En su presentación denunció la vulneración del derecho al respeto y protección de la vida privada y la honra, así como de la protección de los datos personales, reconocidos en el artículo 19 N°4 de la Constitución. Sostuvo que exhibir públicamente la imagen de una persona vinculándola a un procedimiento policial, sin que exista una condena firme, afecta su reputación y su propia imagen. Para fundamentar su alegación citó la Ley N°19.628 sobre protección de la vida privada y un precedente de la Corte Suprema dictado en una causa reservada, en el que se abordó la exposición del rostro de una persona detenida.

También invocó la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N°2 de la Constitución, alegando haber recibido un trato discriminatorio respecto de otras personas sometidas a controles de identidad que no son objeto de publicaciones institucionales. Asimismo, sostuvo que la actuación era ilegal por infringir el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación.

Sobre esa base, solicitó que se declarara ilegal y arbitraria la actuación municipal y que se ordenara eliminar inmediatamente el video de Instagram y de cualquier otra plataforma o red social institucional, destruir los registros originales que contuvieran su imagen y abstenerse de efectuar nuevas publicaciones o difundir registros relacionados con los hechos. También pidió la condena en costas y, mediante orden de no innovar, la suspensión inmediata de la publicación mientras se tramitaba el recurso. Acompañó capturas de pantalla y un comprobante de una solicitud de transparencia.