Corte de Talca rechaza nulidad y mantiene condena por tenencia ilegal de municiones

Por estas razones, solicitó que se anularan tanto el juicio oral como la sentencia definitiva y que se ordenara la realización de un nuevo juicio ante un tribunal no inhabilitado.

Al resolver el recurso, la Corte recordó que la nulidad penal es un recurso de derecho estricto, que solo procede por las causales expresamente establecidas por la ley. Por ello, su competencia se limita a los motivos invocados por quien recurre y esta etapa no permite volver a examinar libremente la prueba rendida durante el juicio.

El tribunal precisó que el artículo 342, letra c), del Código Procesal Penal exige que la sentencia exponga de manera clara, lógica y completa los hechos y circunstancias acreditados, sean favorables o desfavorables al acusado, así como la valoración de los medios de prueba que sustentan esas conclusiones. A su vez, el artículo 297 dispone que los jueces pueden apreciar la prueba libremente, pero no pueden contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados. Además, deben hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso de aquella que desestimen, explicar las razones de esa decisión e identificar los medios de prueba que permiten tener por acreditados los hechos.

Respecto del principio de razón suficiente, la Corte explicó que las conclusiones judiciales deben apoyarse en elementos objetivos incorporados al juicio y en inferencias coherentes y comprensibles que permitan reconstruir el razonamiento seguido por los jueces. Añadió que las discrepancias de una parte con la valoración de la prueba o con el resultado del juicio no necesariamente demuestran un defecto lógico en la sentencia.

En relación con la supuesta falta de fundamentación sobre la afectación del bien jurídico, la Corte observó que el tribunal oral sí había entregado razones para concluir que existía el delito. Entre ellas, consideró que las municiones fueron encontradas durante una diligencia de entrada y registro autorizada judicialmente y que eran aptas para el disparo. También tuvo en cuenta el contexto de la investigación, que se había originado a partir de una denuncia por disparos injustificados.

Para la Corte, la defensa reconocía que los jueces habían expuesto fundamentos, aunque no los compartiera. Esa discrepancia no bastaba para invalidar la sentencia, pues las conclusiones se apoyaban en antecedentes objetivos incorporados al juicio. En ese sentido, estimó que las circunstancias en que se produjo el hallazgo podían servir como elementos adicionales para respaldar las inferencias del tribunal.

El tribunal también descartó el argumento de que las municiones no representaban un peligro por no haberse encontrado un arma compatible. Señaló que la Ley N° 17.798 contempla la tenencia de municiones como una conducta delictiva autónoma y que, para configurarla, basta con que estas sean aptas para ser percutidas al incorporarse a un arma de fuego compatible. Por lo tanto, la ley no exige que también se encuentre e incauten armas que puedan utilizarlas.

La Corte recordó que el artículo 2°, letra c), de la Ley sobre Control de Armas somete a fiscalización las municiones y los cartuchos, mientras que el artículo 9° sanciona a quienes los posean, tengan o porten sin las autorizaciones legales correspondientes. En consecuencia, concluyó que el planteamiento de la defensa no tenía sustento jurídico y que no se advertía el defecto formal denunciado.

En cuanto a la supuesta vulneración de las máximas de la experiencia, la Corte estimó que la posibilidad de que un padre asuma la responsabilidad para proteger a su hijo no constituye, por sí sola, una regla general de experiencia. Según indicó, también puede ocurrir que las personas asuman de manera autónoma la responsabilidad por sus propios actos, sin involucrar ni exculpar a sus familiares.

En ese contexto, consideró razonable la conclusión del tribunal oral de atribuir responsabilidad al acusado por las municiones encontradas en el domicilio, atendido su conocimiento y posesión de estas. Para ello, tuvo presente la declaración de los funcionarios policiales sobre las investigaciones previas, las diligencias realizadas y el hallazgo de las municiones y otros elementos en distintas dependencias de la vivienda.

La Corte añadió que las conclusiones de los jueces no podían analizarse al margen de las circunstancias en que se desarrolló el procedimiento policial. Por ello, estimó que las referencias al contexto de la investigación no constituían un vicio formal capaz de justificar la anulación de la sentencia.

Finalmente, el tribunal concluyó que el fallo no presentaba los defectos de fundamentación denunciados y que no se había configurado la causal de nulidad prevista en el artículo 374, letra e), del Código Procesal Penal. En consecuencia, rechazó el recurso interpuesto por la defensa y mantuvo la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares.

Vea sentencia Corte de Talca Rol N°1055-2026.