Corte Suprema mantiene condena contra Enel por cortes de luz y confirma compensaciones a consumidores afectados

Argumentaron que las interrupciones y compensaciones del suministro eléctrico se encuentran reguladas por una legislación sectorial especial, que, a su juicio, debía prevalecer sobre la compensación contemplada en el artículo 25 A de la Ley N°19.496.

Para sustentar esta posición, invocaron el artículo 4° del Código Civil, el artículo 2° bis de la Ley del Consumidor y el artículo 16 bis de la Ley N°18.410.

Las empresas también cuestionaron que se hubiera descartado la existencia de fuerza mayor, afirmando que el fenómeno climático tuvo una magnitud extraordinaria e imprevisible.

En ese sentido, sostuvieron que habían adoptado medidas de prevención y respuesta adecuadas y que la sentencia las responsabilizaba por el solo hecho de haberse producido las interrupciones, sin considerar la diligencia desplegada.

Asimismo, denunciaron infracciones a las normas que regulan la prueba, especialmente al artículo 51 de la Ley N°19.496 y al artículo 1698 del Código Civil.

Según las recurrentes, los tribunales habían valorado incorrectamente los antecedentes al descartar el caso fortuito, considerar insuficiente su actuación y tener por acreditados los daños patrimoniales y morales de los consumidores.

También cuestionaron que no se hubieran reconocido ni descontado las compensaciones legales y voluntarias que afirmaron haber pagado previamente a los afectados.

Sin embargo, la Corte Suprema advirtió que estos argumentos se construían sobre una versión de los hechos distinta de aquella establecida en la sentencia recurrida.

En efecto, los jueces del fondo habían determinado que el fenómeno climático fue advertido previamente y que las empresas no acreditaron haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar o reducir sus consecuencias.

También establecieron que la respuesta de las distribuidoras fue insuficiente, considerando la magnitud y duración de las interrupciones del servicio.

Asimismo, dieron por acreditada la existencia de perjuicios patrimoniales y de una afectación extrapatrimonial común a los consumidores, que podía inferirse de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Frente a estas conclusiones, las empresas insistieron en que el evento había sido imprevisible, que actuaron con la diligencia exigible y que los daños no se encontraban suficientemente acreditados.

Para la Corte Suprema, estos planteamientos pretendían modificar los hechos establecidos por los tribunales anteriores, sin demostrar una infracción de las normas reguladoras de la prueba que permitiera alterarlos.

En particular, explicó que el artículo 1698 del Código Civil se infringe cuando un tribunal atribuye a una parte la obligación de probar hechos que correspondía acreditar a la contraria, situación que no se verificó en este caso.

El máximo tribunal precisó que las alegaciones de las recurrentes buscaban, en definitiva, obtener una nueva valoración de la prueba, distinta de la efectuada por los jueces que conocieron el fondo de la controversia.

No obstante, recordó que el recurso de casación en el fondo tiene por objeto corregir errores de derecho y no permite revisar libremente la apreciación de los antecedentes probatorios.

La Corte también identificó otra deficiencia en los recursos presentados por las empresas.

Señaló que las recurrentes omitieron denunciar la infracción de disposiciones decisivas para resolver el conflicto, entre ellas los artículos 3, 12, 23, 25 y 51 N°2 de la Ley N°19.496.

Explicó que estas normas eran relevantes para la decisión adoptada y que su omisión impedía configurar adecuadamente los errores jurídicos atribuidos a la sentencia.

Por estas razones, concluyó que los recursos de casación en el fondo carecían manifiestamente de fundamento y resolvió rechazarlos.

De esta manera, la Corte Suprema mantuvo la sentencia que acogió la demanda colectiva y confirmó la obligación de Enel Distribución Chile y Enel Colina de pagar las compensaciones correspondientes a los consumidores afectados por las interrupciones del suministro eléctrico.

La decisión conserva el criterio de cálculo individual establecido por la Corte de Santiago, equivalente a diez veces el valor promedio diario facturado por cada día sin servicio, o la proporción que corresponda, sin perjuicio de las indemnizaciones reconocidas en el fallo.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°44.862-2026, Corte de Santiago Rol Nº17.088-2024 (Civil) y del 4° Juzgado Civil de Santiago Rol N°C-8477-2021.