Estados de EE.UU. demandan a OpenAI por riesgos de ChatGPT en menores de edad

Fiscales generales de ocho estados de Estados Unidos presentaron demandas individuales contra la compañía de inteligencia artificial OpenAI. Las acciones fueron interpuestas en Iowa, Arizona, Arkansas, Idaho, Kansas, Montana, Virginia Occidental y Nebraska, acusando que las políticas del chatbot generativo ChatGPT infringen las normas locales de protección al consumidor al perjudicar a los menores y engañar a sus progenitores.

Los litigios sostienen que la rápida masificación de la herramienta tecnológica no vino acompañada de medidas de seguridad idóneas para cuidar a niños y jóvenes. En ese contexto, las autoridades afirman que la empresa incurrió en prácticas comerciales ilícitas y tergiversó la realidad al promocionar el sistema como un entorno protegido, mientras que informes recientes vinculan su uso con el deterioro del pensamiento analítico, la aparición de delirios y la entrega de consejos médicos peligrosos.

En Montana, la presentación legal subraya que la compañía vulneró el estatuto de amparo al consumidor mediante conductas deliberadas e imprudentes. Por su parte, la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, declaró públicamente que el programa simula una relación cercana con los usuarios mientras entrega indicaciones perjudiciales e incita a autolesiones o agresiones a terceros, justificando el litigio como una vía para proteger a la infancia y exigir responsabilidades a la tecnológica.

OpenAI había presentado ChatGPT for Teens, una modalidad orientada a personas de entre 13 y 17 años que supuestamente incorporaba controles parentales, salvaguardas internas y apoyo al aprendizaje. No obstante, los demandantes advierten que dicho producto no cumple sus compromisos, pues no ofrece asistencia efectiva frente a situaciones de crisis emocional, omite notificaciones inmediatas a los tutores y resulta ineficaz para fines académicos.

Estos litigios se suman a cuestionamientos previos contra la plataforma por el diseño adictivo y potencialmente manipulador de su interfaz. En junio de 2026, una madre demandó ante un tribunal de California a la entidad y a su director ejecutivo, Sam Altman, responsabilizándolos de la muerte de su hija por no detectar signos suicidas, antecedente que complementa siete causas iniciadas en noviembre de 2025 bajo acusaciones de negligencia y homicidio culposo.

Frente a este escenario, los estados requirentes solicitaron a las autoridades judiciales la concesión de medidas cautelares y órdenes de protección. El objetivo prioritario de las presentaciones es impedir que la compañía continúe desplegando prácticas consideradas riesgosas, forzándola a implementar mecanismos reales y verificables que aseguren el bienestar de los usuarios en etapa formativa.

Vea texto de la demanda.