Corte Suprema cierra vía judicial a colegio que obtuvo rebaja de multa

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó una reclamación judicial interpuesta por la sostenedora de un establecimiento educacional en contra de la Superintendencia de Educación, manteniendo una multa de 51 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) impuesta por incumplimientos de su reglamento interno, al determinar que la obligación de aplicar los protocolos de convivencia escolar no se satisface con su sola existencia formal, sino que exige su cumplimiento efectivo frente a situaciones que puedan constituir maltrato, acoso o violencia entre estudiantes.

La reclamante sostuvo que la sanción se encontraba prescrita, pues los hechos que la sustentaban ocurrieron durante 2023, y alegó, subsidiariamente, la caducidad y el decaimiento del procedimiento administrativo por el tiempo transcurrido. Asimismo, cuestionó los errores en la identificación de la entidad sancionada, la falta de fundamentación y de congruencia de los cargos, y la aplicación de una norma que, a su juicio, solo exigía contar con protocolos internos, sin sancionar su ejecución defectuosa. Finalmente, objetó la proporcionalidad de la multa y solicitó dejarla sin efecto o, en subsidio, reducirla.

Por su parte, la Superintendencia de Educación solicitó el rechazo de la reclamación, argumentando que el procedimiento sancionatorio se desarrolló dentro de los plazos legales y que los hechos investigados fueron debidamente incorporados a la formulación de cargos, sin afectar el derecho a defensa de la sostenedora. Asimismo, sostuvo que la obligación de aplicar los protocolos de convivencia escolar no se limita a contar con ellos formalmente, sino que exige adoptar las medidas previstas ante situaciones que puedan constituir maltrato, acoso o violencia escolar. Añadió que los errores de identificación fueron corregidos sin alterar la sanción y que la multa, rebajada de 55 a 51 UTM, correspondía al mínimo legal establecido para la infracción.

En primer lugar, la Corte de Concepción examinó la prescripción de la infracción y explicó que el plazo de seis meses establecido en la Ley N° 20.529 debe calcularse considerando la naturaleza de la conducta investigada. Precisó que el incumplimiento atribuido al establecimiento no consistía en una omisión aislada, sino en una sucesión de actuaciones relacionadas con situaciones de convivencia escolar, cuya evaluación exigía revisar las medidas adoptadas y el desarrollo del procedimiento interno. En ese contexto, sostuvo que la obligación de aplicar los protocolos de convivencia escolar debía analizarse en su conjunto, sin fragmentar los hechos en episodios independientes. Por ello, consideró como referencia el 14 de marzo de 2024, fecha en que la Superintendencia tomó conocimiento de los antecedentes, y constató que el plazo fue suspendido oportunamente con la notificación del inicio del procedimiento sancionatorio, practicada el 19 de junio del mismo año.

En cuanto a la caducidad, el tribunal señaló que el plazo máximo de dos años para tramitar el procedimiento debía computarse desde la notificación de la resolución que ordenó instruirlo, y no desde su dictación, pues los actos administrativos individuales producen efectos una vez comunicados al interesado. Bajo ese criterio, advirtió que el procedimiento concluyó dentro del término legal, incluso considerando la etapa de reclamación administrativa, mientras que las rectificaciones posteriores no alteraron la decisión sancionatoria. Respecto del decaimiento, reconoció que la demora de diecisiete meses en resolver dicha reclamación fue considerable y no representaba un estándar deseable de tramitación, pero sostuvo que ello no bastaba para extinguir la potestad sancionadora, especialmente cuando no se acreditó indefensión ni pérdida de la finalidad de la fiscalización, orientada también a asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los establecimientos educacionales.

Sobre los errores en la identificación de la entidad sancionada, la Corte razonó que las rectificaciones efectuadas por la autoridad no modificaron sustancialmente al sujeto sometido al procedimiento, pues desde la fiscalización se encontraba individualizado el establecimiento y su sostenedora había participado activamente en todas las etapas, presentando descargos y ejerciendo los recursos correspondientes. Aunque reconoció que la reiteración de equivocaciones evidenciaba una falta de prolijidad administrativa, explicó que los defectos formales solo justifican invalidar un acto cuando afectan un requisito esencial y ocasionan perjuicio al interesado. En este caso, las correcciones no alteraron los hechos investigados, la infracción imputada ni la cuantía de la multa, por lo que no comprometieron el derecho a defensa de la reclamante.