Multa de 54 UTM a sostenedora por infracciones relacionadas con su reglamento y protocolo de convivencia escolar se confirma por Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que rechazó la reclamación presentada por la sostenedora de un colegio contra la Superintendencia de Educación. La decisión mantuvo la multa de 54 UTM impuesta en un procedimiento relacionado con una denuncia de maltrato entre estudiantes.

El procedimiento comenzó tras una denuncia presentada por una apoderada en septiembre de 2023. Luego de fiscalizar al establecimiento, la Superintendencia formuló dos cargos: no aplicar correctamente el reglamento interno y sus protocolos, y vulnerar derechos al aplicar un protocolo que no se ajustaba a la normativa educacional vigente.

La autoridad cuestionó la falta de antecedentes que permitieran verificar la indagación de los hechos denunciados y el seguimiento de las medidas sugeridas. La Superintendencia también observó que el protocolo no establecía suficientemente los plazos para determinadas actuaciones ni contemplaba medidas de resguardo con apoyos pedagógicos y psicosociales para los estudiantes involucrados.

La sostenedora alegó que la acción sancionatoria estaba prescrita. Expuso que una primera formulación de cargos había sido invalidada y que, cuando se formularon nuevamente, ya había transcurrido el plazo legal de seis meses. Además, sostuvo que la autoridad interpretó erróneamente el reglamento interno y vulneró los principios de confianza legítima y tipicidad.

La Corte de La Serena descartó la prescripción. Señaló que la denuncia fue recibida el 25 de septiembre de 2023 y que la investigación comenzó mediante una resolución de 7 de febrero de 2024. Conforme al artículo 86 de la Ley N°20.529, el inicio de la investigación suspendió el plazo de seis meses antes de que este se cumpliera.