Bloquear accesos a una empresa durante una protesta sindical no constituye necesariamente un delito, resuelve tribunal argentino

La acusación sostenía que estas acciones podían configurar una alteración ilegal de la posesión del inmueble, al impedir o dificultar el ejercicio de los derechos de quienes ocupaban legítimamente la propiedad.

Sin embargo, el tribunal consideró que formar una barrera humana o instalar obstáculos en los accesos de una empresa no implica necesariamente ejercer violencia contra sus bienes o contra la posesión del inmueble.

Explicó que estas conductas pueden provocar molestias y dificultades para el funcionamiento de una empresa, pero ello no significa, por sí solo, que constituyan el delito imputado.

La sentencia sostuvo, en línea con la jurisprudencia provincial, que las protestas sindicales deben analizarse conforme al derecho de huelga y que el Estado no puede sancionar penalmente conductas amparadas por el ejercicio legítimo de un derecho fundamental.

El tribunal descartó los delitos de extorsión y coacción al considerar que no existían pruebas de exigencias ilegales de dinero ni de acuerdos firmados bajo presión. Destacó que los convenios cuestionados respondían a deudas salariales y diferencias en los aportes laborales. Por ello, absolvió a los ocho acusados al no acreditarse los delitos imputados.

La sentencia destacó la necesidad de distinguir entre una protesta sindical que puede afectar el funcionamiento de una empresa y una conducta que reúne los requisitos legales para ser considerada delito.

De esta manera, el fallo reafirmó que los conflictos laborales y las medidas de presión sindical deben examinarse respetando las garantías constitucionales y el derecho de huelga, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda existir cuando se acrediten conductas efectivamente delictivas.