Corte Suprema establece que la inactividad del tribunal no libera a las partes de impulsar el juicio

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el abandono del procedimiento en un juicio de indemnización de perjuicios por falta de servicio seguido contra la Defensoría Penal Pública. El máximo Tribunal estableció que corresponde principalmente a las partes impulsar el avance del juicio, incluso cuando existan actuaciones pendientes del tribunal, pues la inactividad de los litigantes durante más de seis meses permite declarar el abandono del procedimiento.

La controversia se originó durante la tramitación de la demanda, luego de que la Corte de Santiago modificara la resolución que fijaba los hechos que debían probarse, eliminando uno de sus puntos. Tras concluir la etapa probatoria, el proceso permaneció paralizado hasta que la parte demandada solicitó declarar su abandono. El tribunal de primera instancia acogió el incidente, al considerar que no correspondía abrir un nuevo período de prueba y que habían transcurrido más de seis meses sin gestiones útiles para continuar la tramitación.

Apelado el fallo, la Corte de Santiago lo confirmó.

En contra de este último pronunciamiento, la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo, alegando que se infringieron los artículos 152, 339 y 432 del Código de Procedimiento Civil, pues correspondía al tribunal, y no a los litigantes, impulsar la tramitación del proceso. Sostuvo que, tras la modificación de la resolución que fijaba los hechos a probar, el juzgado debía ordenar su cumplimiento y abrir un término probatorio especial o, en su defecto, citar a las partes a oír sentencia. Por ello, estimó improcedente declarar el abandono del procedimiento, ya que esta institución sanciona la inactividad de las partes cuando tienen la responsabilidad de promover el avance del juicio.

Al examinar la controversia, la Corte Suprema señaló que el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la apertura de un término probatorio especial, no resultaba aplicable al caso. Explicó que esta disposición opera cuando el tribunal superior incorpora o modifica hechos que deben probarse, pero no cuando elimina alguno de ellos. En este último supuesto, la prueba rendida durante la etapa correspondiente se entiende referida a los puntos que permanecieron vigentes, por lo que no resulta necesario abrir un nuevo período probatorio.