Fisco deberá indemnizar con $80 millones a víctima de detención ilegal y torturas durante la dictadura

Para respaldar esta interpretación, citó jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°28.147-2024), que descartó la excepción de cosa juzgada cuando una resolución anterior había rechazado una acción por prescripción sin pronunciarse sobre el fondo, y su aplicación impedía reparar daños derivados de delitos de lesa humanidad.

A partir de estas consideraciones, la Corte de Santiago rechazó la excepción de cosa juzgada planteada por el Fisco y procedió a examinar las restantes defensas formuladas por el Estado.

La Corte de Santiago rechazó el argumento del Fisco de que la víctima ya había sido indemnizada mediante beneficios estatales. Explicó que las pensiones y prestaciones contempladas en las leyes N°19.992 y N°19.123 tienen principalmente un carácter social y asistencial, y no reparan necesariamente el daño moral individual sufrido por cada afectado. Precisó que estas medidas no son incompatibles con una indemnización judicial y que el Estado no puede determinar unilateralmente el alcance de la reparación. Por ello, descartó la excepción de reparación satisfactiva, reafirmando el derecho de las víctimas a obtener una reparación integral conforme a las obligaciones internacionales de Chile.

El Fisco alegó que la acción indemnizatoria estaba prescrita, invocando los plazos de cuatro y cinco años establecidos en el Código Civil, incluso considerando su suspensión durante la dictadura militar. Sin embargo, la Corte de Santiago sostuvo que las demandas por graves violaciones de derechos humanos deben resolverse conforme a las obligaciones internacionales del Estado y al principio pro persona, que favorece la mayor protección de las víctimas. Para ello, consideró la Constitución, los tratados internacionales y los principios de Naciones Unidas sobre reparación integral. Concluyó que las normas civiles de prescripción no pueden impedir la reparación de los daños derivados de crímenes de lesa humanidad, criterio que la Corte Suprema ha mantenido de manera sostenida desde 2015.

La Corte de Santiago tuvo por acreditado que el demandante, entonces estudiante universitario de 22 años, fue detenido el 16 de septiembre de 1988 en Concepción por agentes de la CNI, quienes dieron muerte a su acompañante durante un enfrentamiento armado. Tras ser reducido violentamente, fue trasladado a dependencias policiales, donde sufrió golpes, descargas eléctricas y amenazas contra él y su familia. Posteriormente, enfrentó procesos ante tribunales militares, permaneció incomunicado en reiteradas ocasiones y estuvo privado de libertad durante diez meses, mientras su domicilio era allanado y su familia amenazada. Recuperó su libertad bajo fianza en julio de 1989, pero en 1991 volvió a ser detenido por una causa pendiente, tras lo cual escapó y permaneció varios meses en la clandestinidad. Estas circunstancias le impidieron continuar sus estudios y le provocaron secuelas psicológicas persistentes. El tribunal estableció que las torturas y demás vulneraciones de derechos humanos fueron cometidas por agentes de la CNI, quienes actuaban como funcionarios del Estado, comprometiendo su responsabilidad.

La Corte de Santiago calificó los hechos como un crimen de lesa humanidad y estableció la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados, conforme al artículo 38 de la Constitución y las obligaciones internacionales de reparación, sin necesidad de acreditar dolo o culpa de sus agentes. Para determinar el daño moral, consideró que la víctima tenía 22 años, estudiaba Ingeniería en Ejecución Eléctrica y proyectaba su futuro familiar cuando fue detenida ilegalmente, torturada y encarcelada durante diez meses, sin que los procesos militares derivaran en condenas. Estas experiencias interrumpieron su carrera universitaria, afectaron su vida familiar y provocaron secuelas psicológicas persistentes, entre ellas estrés postraumático crónico, ansiedad y depresión, acreditadas mediante informes de CODEPU, la Vicaría de la Solidaridad y CINTRAS. Por ello, concluyó que el daño moral sufrido era consecuencia directa de las actuaciones de los agentes estatales.

La Corte de Santiago fijó una indemnización de $80 millones por daño moral, considerando la gravedad de las torturas, los diez meses de privación de libertad, la interrupción de los estudios universitarios y las consecuencias familiares y psicológicas sufridas por la víctima. Dispuso que la suma se reajuste según el IPC desde que la sentencia quede firme hasta su pago, con intereses corrientes solo en caso de mora. Asimismo, resolvió que cada parte asumiera sus costas, al estimar que el Fisco tuvo motivos legítimos para defenderse.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Civil N°9.369-2025 y del 26° Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-9443-2024.