Cancelación de matrícula de menor no es arbitraria y se apega al reglamento interno de la institución, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que acogió el recurso de protección interpuesto por los padres de un alumno en contra del Colegio San Isidro de Linderos, que canceló la matrícula de su hijo.

Los recurrentes sostuvieron que la cancelación de la matrícula de su hijo es ilegal y arbitraria, ya que la sanción fue impuesta sin respetar el debido proceso, al no configurarse correctamente la infracción ni considerar adecuadamente las circunstancias modificatorias de responsabilidad.

En su informe, el Colegio instó por el rechazo de la acción, argumentando que el proceso disciplinario se llevó a cabo de manera justa y racional, siguiendo los protocolos establecidos y dando a los apoderados del estudiante la oportunidad de impugnar la decisión. El Comité de Convivencia Escolar revisó la apelación presentada por los recurrentes en diciembre de 2023 y decidió por unanimidad mantener la sanción. El colegio sostuvo que la sanción aplicada es proporcional a la conducta del estudiante, quien, a pesar de haber sido advertido, continuó con un comportamiento inapropiado durante el año 2023. También se mencionó que el Ministerio de Educación es responsable de reubicar al estudiante en otro establecimiento.