Corte acoge amparo y ordena al tribunal de garantía citar a audiencia para discutir procedimiento abreviado

Según la defensa, el tribunal impidió discutir la solicitud pese a que existía un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa y a que la petición había sido presentada antes de que el auto de apertura fuera enviado al tribunal oral. A su juicio, esta situación afectaba la libertad personal del imputado, porque le impedía acceder a una alternativa que podía significar una pena menos gravosa.

La Corte señaló que el punto que debía resolver no era si correspondía aprobar el procedimiento abreviado, sino si el tribunal de garantía había cumplido el trámite que la ley establece para que esa solicitud pudiera ser discutida y resuelta.

El tribunal recordó que el recurso de amparo protege la libertad personal y la seguridad individual frente a actuaciones u omisiones ilegales que puedan afectar esos derechos.

En relación con la audiencia intermedia, la Corte explicó que el artículo 280 bis establece que, cuando se solicita este procedimiento antes de enviar el auto de apertura al tribunal oral, se debe suspender el envío de ese documento y el juez debe citar a los intervinientes dentro de los cinco días siguientes.

Por ello, concluyó que, una vez presentada la solicitud y cumplidos sus requisitos, el tribunal debía citar a la audiencia. Esto no significaba que el procedimiento abreviado tuviera que ser aprobado, sino solamente que la petición debía ser discutida y resuelta en la audiencia correspondiente.

En este caso, la solicitud se presentó antes de que el auto de apertura fuera enviado al tribunal oral y existía un acuerdo con la defensa, cuya conformidad fue confirmada posteriormente. Por esa razón, la Corte consideró que el juzgado debía haber dado curso a la audiencia y mantener suspendido el envío del auto de apertura.

El tribunal agregó que el hecho de que el juzgado hubiera pedido precisar la pena ofrecida no le permitía omitir la audiencia. Tampoco podía utilizar como argumento el posterior envío del auto de apertura, porque ese envío se realizó cuando todavía estaba pendiente resolver la solicitud de audiencia.

La Corte calificó esta actuación como ilegal, porque desconoció la obligación de suspender el envío del auto de apertura mientras se tramitaba la solicitud, y arbitraria, porque la negativa a realizar la audiencia se basó precisamente en que el auto ya había sido enviado al tribunal oral.

El tribunal también consideró que esta situación afectaba la libertad personal del imputado, ya que le impedía presentar ante un juez una solicitud de procedimiento abreviado basada en una propuesta concreta de pena.

La Corte aclaró que el acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa no garantizaba que el procedimiento abreviado fuera aprobado ni que se concediera una pena sustitutiva. Sin embargo, explicó que su eventual aprobación podía limitar la pena que finalmente se impusiera, ya que el artículo 412 del Código Procesal Penal establece que la sentencia condenatoria no puede imponer una pena superior ni más desfavorable que la solicitada por el fiscal o el querellante, según corresponda.

Por ello, la Corte concluyó que el problema no estaba simplemente en que el imputado debiera enfrentar un juicio oral, sino en que se le había privado ilegalmente de una oportunidad procesal que podía influir en la duración de su privación de libertad. Agregó que las garantías propias del juicio oral no solucionaban esa afectación ni permitían omitir una audiencia expresamente contemplada por la ley.

En consecuencia, la Corte acogió el recurso de amparo y ordenó al 14° Juzgado de Garantía de Santiago citar, dentro de cinco días desde la notificación de la sentencia, a los intervinientes a la audiencia prevista en el artículo 280 bis del Código Procesal Penal.

En esa audiencia, el tribunal deberá escuchar a las partes y resolver si corresponde o no aceptar la solicitud de procedimiento abreviado presentada por el Ministerio Público y la defensa.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°4372-2O26.