Corte ordena reconocer rebaja de condena a interno que perdió beneficio tras cambiar una multa por días de cárcel

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo interpuesto en favor de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, luego de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazara otorgarle el beneficio de reducción de condena por comportamiento sobresaliente. El tribunal concluyó que no correspondía utilizar una pena de multa posteriormente sustituida por reclusión, a solicitud del propio condenado y sin asistencia de un abogado, para excluirlo del beneficio. En consecuencia, dejó sin efecto la decisión administrativa y ordenó dictar una nueva resolución que reconociera la rebaja concedida por la comisión competente, conforme a la cual su condena debía darse por cumplida el 28 de junio de 2026.

La controversia surgió luego de que el Ministerio de Justicia rechazara, en agosto de 2026, la reducción de condena solicitada por un interno que cumplía diversas penas de prisión impuestas por tribunales de Antofagasta. Pese a que su conducta sobresaliente le permitió obtener una rebaja acumulada de nueve meses y 48 días, que fijaba el cumplimiento de su condena para el 28 de junio de 2026, la autoridad aplicó una causal de exclusión de la Ley N°19.856, basada en una sentencia de 2020 por porte de arma blanca y ocultación de identidad, dictada con las agravantes previstas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal. La defensa cuestionó esta decisión, argumentando que dicha sentencia había impuesto originalmente multas de 3 y 1 UTM, posteriormente sustituidas por servicios comunitarios y, finalmente, por 12 días de reclusión efectiva, por lo que no correspondía utilizarla para impedir el beneficio.

La defensa sostuvo que la sustitución de las multas por prisión no permitía considerar la condena original como una pena privativa de libertad para aplicar la causal de exclusión de la Ley N°19.856, cuyos artículos 1° y 2° regulan el beneficio para personas condenadas a ese tipo de penas. Además, señaló que un amparo anterior había sido rechazado porque el Ministerio de Justicia ya había dictado el decreto solicitado, aunque este negó la reducción de condena. Por ello, interpuso una nueva acción de amparo, argumentando que la decisión administrativa era contraria a derecho y seguía afectando la libertad personal del interno, y solicitó que se ordenara conceder el beneficio.

El Ministerio de Justicia solicitó rechazar el amparo, aunque reconoció que las calificaciones penitenciarias del interno entre 2022 y 2026 permitían una eventual reducción de nueve meses y 48 días, solicitada el 1 de julio de 2026. Argumentó que una sentencia de 2020 había considerado las agravantes previstas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal y que las multas impuestas fueron posteriormente sustituidas por 12 días de reclusión efectiva. Por ello, sostuvo que concurría la causal de exclusión del artículo 17 letra g) de la Ley N°19.856, cuya aplicación era obligatoria e impedía conceder el beneficio.

La Corte de Apelaciones de Santiago recordó que el artículo 21 de la Constitución permite recurrir de amparo frente a privaciones, perturbaciones o amenazas ilegales a la libertad personal y seguridad individual. Asimismo, explicó que la Ley N°19.856 permite reducir las penas privativas de libertad por comportamiento sobresaliente, otorgando dos meses de rebaja por cada año de cumplimiento y tres meses anuales desde la mitad de la condena. Sin embargo, el artículo 17 letra g) excluye del beneficio a quienes hayan sido condenados considerando las agravantes de los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal. Además, el artículo 77 del reglamento exige que toda denegación del beneficio esté debidamente fundamentada y respaldada por antecedentes que acrediten la causal legal invocada.