Razones presupuestarias no bastan para desvincular a funcionario a contrata, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema señaló que, conforme a los artículos 3 y 10 de la Ley N° 18.834, los nombramientos a contrata constituyen vínculos transitorios que, en principio, tienen una duración máxima de un año. Sin embargo, precisó que la permanencia de un funcionario por más de cinco años continuos en la Administración genera una expectativa razonable de renovación, protegida por el principio de confianza legítima. Añadió que esta protección no impide poner término al vínculo mediante el sistema de calificaciones, un sumario administrativo o un acto debidamente fundado, siempre que concurran motivos objetivos que justifiquen dicha determinación.

Enseguida, el máximo Tribunal sostuvo que la autoridad debe justificar la no renovación de una contrata cuando el funcionario se encuentra amparado por la confianza legítima, cumpliendo con las exigencias de fundamentación establecidas para los actos administrativos. Al respecto, recordó que los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 obligan a expresar los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan las decisiones que afectan los derechos o prerrogativas de las personas. Precisó que este deber responde al principio de legalidad y encuentra respaldo en el artículo 8 de la Constitución, por lo que la Administración debe exteriorizar las razones concretas que motivan sus determinaciones.

En ese contexto, advirtió que la institución se limitó a invocar la necesidad de racionalizar los gastos y optimizar la distribución del personal, sin explicar suficientemente cómo esas circunstancias afectaban la situación particular del recurrente. Asimismo, observó que los documentos acompañados por la institución no permitían acreditar los antecedentes de hecho utilizados para fundamentar la medida. Por ello, consideró que las razones presupuestarias y organizacionales invocadas carecían del respaldo objetivo necesario para justificar la desvinculación.

A partir de lo anterior, la Corte Suprema concluyó que la autoridad debe justificar la no renovación de una contrata mediante antecedentes suficientes, especialmente cuando el funcionario ha prestado servicios continuos durante más de cinco años y se encuentra protegido por el principio de confianza legítima. En este caso, estimó que la decisión impugnada era ilegal, pues no se adoptó mediante alguno de los mecanismos legalmente admisibles ni se acreditaron motivos objetivos que justificaran el término del vínculo. De esta manera, estableció que la actuación administrativa infringió las obligaciones de fundamentación previstas en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Finalmente, el máximo Tribunal razonó que la actuación cuestionada también vulneró la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Explicó que la autoridad decidió no renovar el nombramiento sin observar el deber de fundamentación exigible respecto de los funcionarios sujetos al mismo régimen de contrata y protegidos por la confianza legítima. En consecuencia, consideró que la falta de motivación suficiente no solo constituía una infracción a las normas que regulan los actos administrativos, sino que también afectaba una garantía constitucional del recurrente, configurándose los presupuestos necesarios para acoger la acción de protección.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, dejando sin efecto la decisión de no renovar el nombramiento a contrata del funcionario. En consecuencia, ordenó a la institución recurrida reincorporarlo a sus funciones, dictar los actos administrativos necesarios para ello y pagarle las remuneraciones correspondientes al período comprendido entre su separación del servicio y su efectivo reintegro.

Se previno que el abogado integrante señor Valdivia concurrió a la decisión, pero discrepó parcialmente del razonamiento relativo a las causales que permiten poner término al vínculo de los funcionarios a contrata protegidos por el principio de confianza legítima. A su juicio, dicha protección no impide a la Administración disponer su desvinculación por una causa legal distinta del simple vencimiento del plazo de su nombramiento. Sin embargo, estimó que en este caso no concurrían las condiciones necesarias para justificar la medida, conforme a los demás fundamentos de la sentencia.

Acordada con el voto en contra de los ministros señores Astudillo y Ruz, quienes estuvieron por confirmar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección, al considerar que el principio de confianza legítima no puede transformar los nombramientos a contrata en una forma de estabilidad funcionaria permanente. Sostuvieron que dicho principio no otorga a los funcionarios una especie de propiedad sobre sus empleos ni permite alterar la naturaleza transitoria de sus vínculos, pues ello implicaría reconocerles una protección incluso superior a la que la ley asegura a los funcionarios de planta.

Asimismo, los disidentes estimaron que la decisión de no renovar el nombramiento se encontraba suficientemente fundamentada en razones objetivas, vinculadas al déficit presupuestario de la institución y a la necesidad de optimizar sus recursos humanos y financieros. Destacaron que la autoridad había acompañado antecedentes que justificaban la supresión del cargo y que los recursos administrativos presentados por el funcionario no aportaron elementos para modificar esa determinación. En consecuencia, concluyeron que la medida fue adoptada dentro de las atribuciones legales de la Administración, mediante un acto debidamente fundado, por lo que no existía una actuación ilegal o arbitraria que justificara acoger la acción constitucional.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°6138-2026 y Corte de Valparaíso Rol N°7423-2025 (Protección).