Corte Suprema deja sin efecto abandono de apelación disciplinaria en Bomberos por falta de sustento legal

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción y acogió un recurso de protección, al estimar que la inasistencia del recurrente a una audiencia no justificaba declarar abandonada su apelación contra una sanción disciplinaria. El máximo Tribunal ordenó al órgano de apelación de la Junta Nacional de Bomberos resolver el recurso en cuanto al fondo.

La controversia se originó a raíz de una sanción disciplinaria que dispuso la sustitución de la totalidad de la Junta General del Cuerpo de Bomberos de Santa Bárbara por un período de dos años, debido a presuntas irregularidades administrativas y financieras, entre ellas el uso indebido de bienes y vehículos institucionales. El superintendente de la institución apeló de esa medida y señaló un correo electrónico personal para recibir notificaciones. Por esa vía se le comunicó que la audiencia para conocer el recurso se realizaría el 3 de abril. Sin embargo, al no comparecer pese a ser llamado en tres oportunidades, el tribunal de apelación de la Junta Nacional declaró abandonada la apelación.

Frente a esa decisión, el recurrente interpuso una acción de protección, alegando que se habían vulnerado sus garantías constitucionales, particularmente el debido proceso y la igualdad ante la ley. Cuestionó la eficacia de la notificación y sostuvo que la decisión de declarar abandonado el recurso carecía de fundamento legal, además de objetar las atribuciones disciplinarias de la Junta Nacional de Bomberos.

La Corte de Concepción rechazó la acción. Consideró que el tribunal de apelación era un órgano permanente, contemplado en los estatutos de la Junta Nacional, por lo que no podía calificarse como una comisión especial. Asimismo, estimó válida la notificación enviada al correo electrónico designado por el propio recurrente y concluyó que su incomparecencia justificaba declarar abandonada la apelación. A juicio de la Corte, la indefensión alegada se debía a la propia inactividad procesal del interesado y no a una actuación ilegal o arbitraria.