Corte Suprema ordena reincorporar a funcionaria a contrata tras considerar insuficiente fundamento de su desvinculación

Para el tribunal, la circunstancia de que durante los años 2023 y 2024 se le asignaran funciones como asistente exclusiva del concejal constituyó una decisión sobreviniente de la autoridad municipal que no modificó la naturaleza sustancial de las labores de secretaría desarrolladas desde el inicio de la relación funcionaria.

En consecuencia, estimó que ese cambio operativo no podía extinguir la confianza legítima adquirida como consecuencia de la prolongación del vínculo por más de cinco años.

Sobre esta base, la Corte Suprema concluyó que el acto que dispuso la no renovación no cumplió el estándar reforzado de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 8 de la Constitución.

El máximo tribunal consideró insuficiente que la Municipalidad se limitara a señalar que los servicios de la funcionaria habían dejado de ser necesarios debido a la renuncia del concejal al que prestaba asistencia. A juicio de la Corte, el municipio debió exponer razones objetivas que permitieran explicar por qué las labores de secretaría que la funcionaria había desarrollado durante los primeros años de su carrera no podían continuar siendo desempeñadas en otra dependencia municipal.

De esta manera, el tribunal concluyó que la autoridad omitió las vías idóneas y debidamente fundadas exigidas por el ordenamiento para poner término a un vínculo amparado por la confianza legítima. Por ello, calificó la desvinculación como ilegal y estimó que vulneró la garantía de igualdad ante la ley, al otorgar a la recurrente un trato discriminatorio respecto de otros servidores que se encontraban en una situación de expectativa legítima de estabilidad.

En virtud de estos antecedentes, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago, acogió el recurso de protección y dejó sin efecto la decisión de no renovar la contrata de la recurrente.

Como medida de tutela, ordenó a la Municipalidad de Lo Prado reincorporar inmediatamente a la funcionaria a sus funciones y dictar los actos administrativos necesarios para materializar su reintegro. Asimismo, dispuso el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el período en que permaneció separada de su cargo y hasta su efectivo retorno.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, quienes estuvieron por confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones que había rechazado el recurso, previa supresión de un considerando.

Los ministros disidentes sostuvieron que el principio de confianza legítima no puede ser interpretado como una suerte de derecho de propiedad sobre el empleo que desnaturalice la transitoriedad propia de las designaciones a contrata. En su opinión, ordenar una reincorporación forzosa otorgaría a los funcionarios temporales una estabilidad laboral garantizada y reforzada que incluso podría superar la que la ley reconoce a los funcionarios de planta.

Asimismo, consideraron que el decreto alcaldicio cuestionado sí contaba con fundamentos objetivos y suficientes, pues se había acreditado que la contratación de la funcionaria estaba circunscrita a labores de carácter exclusivo para una determinada autoridad política. Desde esa perspectiva, estimaron que la renuncia voluntaria del concejal produjo necesariamente que los servicios para los cuales había sido designada dejaran de ser requeridos por la Municipalidad.

Finalmente, los ministros disidentes sostuvieron que la autoridad municipal actuó dentro de las facultades legales que le permiten no renovar vínculos de naturaleza precaria, temporal y transitoria mediante una resolución motivada. Por ello, concluyeron que no existió una actuación ilegal o arbitraria que justificara acoger el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución.

Vea sentenciaCorte Suprema Rol Nº 11.974-2026y Corte de de Santiago Rol Nº15.938-2025.