Corte Suprema confirma destitución de funcionaria municipal que viajó a Brasil durante el último día de una licencia psiquiátrica

En consecuencia, la Corte dejó sin efecto los decretos que dispusieron y confirmaron la destitución, y ordenó a la Municipalidad reincorporar a la funcionaria a su cargo o a otro equivalente dentro de treinta días desde que la sentencia quedara ejecutoriada, con el pago de las remuneraciones y demás beneficios laborales y previsionales dejados de percibir. No condenó en costas a la Municipalidad, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

En contra de esa decisión se alzó el municipio y el máximo tribunal revocó la sentencia apelada rechazando la acción constitucional. Sostuvo que utilizar una licencia médica para fines particulares, mediante un viaje fuera del país ajeno a la finalidad del reposo prescrito, constituye una conducta contraria al principio de probidad administrativa. Al respecto, recordó que el artículo 8 de la Constitución y el artículo 52 de la Ley N° 18.575 exigen a los funcionarios públicos mantener una conducta funcionaria intachable y desempeñar sus labores con honestidad y lealtad, haciendo prevalecer el interés general por sobre el particular.

Asimismo, señaló que el artículo 123 de la Ley N° 18.883 contempla la destitución cuando una infracción vulnera gravemente el principio de probidad administrativa. En ese contexto, estimó que la conducta atribuida a la funcionaria podía ser sancionada conforme a las normas que rigen el ejercicio de la función pública.

La Corte también concluyó que el procedimiento disciplinario se desarrolló conforme a las disposiciones legales aplicables y respetó el derecho a defensa de la funcionaria. Durante su tramitación, la autoridad examinó los argumentos expuestos en sus descargos y en el recurso de reposición, por lo que no advirtió una actuación ilegal o arbitraria que justificara otorgar la tutela constitucional solicitada.

Finalmente, el máximo tribunal indicó que las alegaciones de la recurrente cuestionaban, en lo sustancial, aspectos relacionados con el mérito de la decisión y la ponderación de los antecedentes realizada por la autoridad al imponer la sanción. Sin embargo, tales cuestionamientos no demostraban una vulneración de garantías constitucionales que habilitara la intervención de la justicia mediante la acción de protección.

Por estas razones, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó el recurso de protección.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°33.586-202 y la Corte de Puerto Montt Rol N°1.600-2025.