Funcionaria municipal no cumplía con el período mínimo de cinco años exigido para invocar el principio de confianza legítima.

La Corte Suprema rechazó la acción presentada por una funcionaria, que interpuso un recurso de protección contra la Municipalidad de Coyhaique impugnando el Decreto Alcaldicio que dispuso no renovar su contrata para el año 2025, y el Decreto Alcaldicio que desestimó el recurso de reposición presentado en su contra. La actora calificó dichos actos como ilegales y arbitrarios, alegando que vulneraban las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Se estableció que la funcionaria prestó servicios desde junio de 2018 como administrativa en la Unidad de Finanzas de la Dirección de Educación Municipal, mediante contrato de trabajo. Posteriormente, en junio de 2022, pasó a desempeñarse como tesorera de la misma unidad hasta enero de 2023. A partir del 9 de enero de ese año fue contratada bajo el régimen de la Ley N° 18.883, en calidad de contrata grado 17 del escalafón técnico, prorrogándose el vínculo durante todo 2024. La Corte aclaró que el tiempo trabajado mediante contrato laboral no puede sumarse para configurar la confianza legítima.

En su análisis, el máximo Tribunal recuerda que los actos de la Administración emanados de facultades discrecionales también están sujetos a control jurisdiccional, pues la discrecionalidad no equivale a arbitrariedad. En ese marco, debe verificarse que los presupuestos de hecho que habilitan la decisión existan y que el fin previsto por la norma se cumpla.