Corte Suprema revoca amparo y valida expulsión de extranjero por ingreso clandestino

Para respaldar esta posición, citó diversos pronunciamientos judiciales que reconocieron la competencia de la autoridad para sancionar el ingreso clandestino y consideró suficiente la declaración del afectado para fundamentar la medida. Asimismo, invocó aquella que ha reconocido la independencia entre la persecución penal y la potestad administrativa migratoria y las que han descartado la necesidad de una condena penal previa para disponer la expulsión una vez terminada la persecución criminal.

Como argumento subsidiario, el Servicio sostuvo que incluso bajo la legislación actualmente vigente existe continuidad normativa. Explicó que el artículo 24 de la Ley N° 21.325 exige ingresar al país por pasos habilitados y con documentación válida; el artículo 32 N° 3 contempla una prohibición de ingreso para quienes hayan ingresado o intentado ingresar por pasos no habilitados, eludiendo el control migratorio, y el artículo 127 N° 1 contempla la expulsión de quienes ingresen al territorio infringiendo dicha prohibición.

De esta forma, afirmó que tanto en 2019 como bajo la legislación actual el ingreso clandestino constituye una conducta jurídicamente relevante que puede dar lugar a la expulsión. En consecuencia, sostuvo que la derogación del D.L. N° 1.094 no podía transformar en ilegal una medida que había sido válidamente dictada cuando esa normativa se encontraba vigente, ni correspondía aplicar retroactivamente la nueva legislación para revisar su legalidad.

Finalmente, el Servicio sostuvo que la medida tampoco vulneraba las garantías constitucionales ni los tratados internacionales invocados por el afectado. Señaló que la libertad de residencia y circulación reconocida en la Constitución no es absoluta y admite restricciones establecidas por ley.

Añadió que el artículo 22 N° 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite la expulsión de un extranjero mediante una decisión adoptada conforme a la ley, y que el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares también admite la expulsión cuando es dispuesta por la autoridad competente de acuerdo con la legislación nacional.

Sobre esa base, el Servicio solicitó revocar la sentencia de la Corte de Chillán y rechazar el recurso de amparo.

La Corte Suprema acogió los planteamientos del Servicio y revocó la sentencia en alzada y, en su lugar, rechazó el recurso de amparo.

El máximo tribunal señaló que no advertía ilegalidad en el acto impugnado, pues la resolución había sido adoptada por el órgano competente, en ejercicio de las facultades que la legislación le otorgaba y sobre la base de un supuesto legal cuya existencia no se encontraba controvertida.

Agregó que, por estas razones, no existía una acción u omisión ilegal de la autoridad recurrida que amenazara, perturbara o privara al amparado de su libertad personal o de su seguridad individual, especialmente considerando que la resolución cuestionada se encontraba debidamente fundamentada.

De ese modo revocó la sentencia de la Corte de Chillán y rechazó el recurso de amparo.

El ministro Llanos concurrió a la revocatoria, pero dejó constancia de que lo hacía teniendo especialmente presente la insuficiente acreditación de arraigo.

En tanto, el ministro Zepeda estuvo por confirmar la sentencia de la Corte de Chillán y mantener el acogimiento del amparo, conforme a sus propios fundamentos.

Vea sentenciaCorte Suprema Rol N°51357-2026y Corte de Chillán Rol N° 267-2026.