Cobro de deuda CAE por la TGR no puede discutirse mediante recurso de protección, resuelve Corte Suprema

La Corte Suprema revocó la sentencia que había acogido un recurso de protección interpuesto en contra de la Tesorería General de la República (TGR), por el cobro de una deuda originada en el financiamiento de estudios superiores conforme a la Ley N°20.027. El máximo tribunal concluyó que determinar la naturaleza jurídica del crédito, el tribunal competente y el procedimiento aplicable requiere una discusión que excede los márgenes de esta acción constitucional.

La causa llegó a conocimiento de la Corte Suprema luego de que la TGR apelara de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena que acogió la acción de protección y dejó sin efecto íntegramente un procedimiento de cobro de una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), incluido el mandamiento de ejecución y embargo, al concluir que la Tesorería actuó ilegalmente al utilizar el procedimiento ejecutivo establecido en el Código Tributario, pues no existe una norma que la autorice expresamente a cobrar por esa vía este tipo de créditos.

El caso se originó por el cobro de una deuda CAE superior a $25 millones, respecto de la cual la TGR dictó un mandamiento de ejecución y embargo. El afectado recurrió de protección, alegando que la deuda tenía origen civil y que el pago de la garantía estatal no modificaba esa naturaleza ni permitía aplicar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario. Sostuvo que la Tesorería utilizó indebidamente sus potestades, restringiendo sus posibilidades de defensa y vulnerando la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad. Por ello, solicitó dejar sin efecto todo el procedimiento, incluido el embargo, y que la TGR se abstuviera de continuar el cobro del CAE por la vía tributaria.

La TGR solicitó rechazar el recurso, señalando que, una vez pagada la garantía estatal por el incumplimiento del CAE, el crédito fue transferido al Fisco e incorporado a su patrimonio para su cobro. Alegó que no estaba cobrando un impuesto, sino recuperando recursos públicos mediante las facultades que le reconoce la ley. Además, sostuvo que el recurso era extemporáneo y que la protección no era la vía adecuada para determinar la naturaleza del crédito ni el procedimiento aplicable, pues se trataba de una controversia jurídica compleja. Afirmó que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 y el Código Tributario la facultaban para realizar la cobranza judicial y extrajudicial mediante el procedimiento utilizado, por lo que descartó haber actuado ilegal o arbitrariamente o vulnerado derechos fundamentales.

La Corte de La Serena descartó la extemporaneidad, pues el procedimiento de cobro seguía vigente y la afectación denunciada era continua. Por ello, centró la controversia en determinar si la TGR podía utilizar el procedimiento ejecutivo del Código Tributario para cobrar una deuda CAE y si esa actuación vulneraba la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

La Corte recordó que el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 faculta a la TGR para cobrar judicial y extrajudicialmente los créditos CAE cuya garantía estatal se haya hecho efectiva, conforme a las reglas generales aplicables según el título de la obligación. La norma también le permite delegar la cobranza, otorgar facilidades de pago, condonar intereses y sanciones moratorias y, con autorización de la Dirección de Presupuestos, ceder o vender la cartera morosa.

También consideró el artículo 35 del Decreto Ley N°1.263, que atribuye a la Tesorería la cobranza administrativa y judicial de impuestos, patentes, multas y créditos del sector público y establece la utilización del procedimiento previsto en el Código Tributario cualquiera sea la naturaleza del crédito comprendido en dicha disposición.

La Corte reconoció que, una vez hecha efectiva la garantía, el Estado adquiere la calidad de acreedor. Sin embargo, precisó que una deuda proveniente del CAE no es equivalente a una obligación tributaria.

Añadió que la Ley N°20.027 constituye una regulación especial y posterior al Código Tributario, por lo que sus disposiciones deben prevalecer frente a las reglas generales tributarias. También tuvo presente que el sistema CAE fue diseñado con el objetivo social de facilitar el acceso a la educación superior a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la banca tradicional, circunstancia que, a juicio del tribunal, refuerza el carácter no fiscal del crédito.

El tribunal estimó que la TGR sometió indebidamente al deudor al procedimiento contemplado en el Título V del Libro III del Código Tributario, relativo al cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero.

En particular, observó que el artículo 169 del Código Tributario hace referencia expresa a cantidades adeudadas por concepto de impuestos o sanciones y al tipo de tributo, elementos que, a juicio de la Corte, excluyen los créditos educacionales.

Además, advirtió que el procedimiento tributario restringe las posibilidades de defensa del ejecutado, pues el artículo 177 admite únicamente las excepciones de pago, prescripción y no empecer el título, a diferencia de las posibilidades de defensa más amplias existentes en el procedimiento civil. Texto pegado

La Corte sostuvo que la remisión efectuada por el artículo 18 bis de la Ley N°20.027 a las “reglas de procedimiento generales” no permite entender comprendidas las potestades del Código Tributario, ya que ese régimen fue diseñado para el cobro ejecutivo de obligaciones tributarias.