Corte Suprema de EE.UU. autoriza deportaciones de migrantes a terceros países por parte del gobierno

La Corte Suprema de Estados Unidos concedió una autorización temporal al gobierno del presidente Donald Trump para retomar las expulsiones de extranjeros hacia terceros países. Al mismo tiempo, el máximo tribunal resolvió programar para diciembre la audiencia en la que escuchará los alegatos de las partes sobre la validez jurídica definitiva de esta política migratoria.

La controversia comenzó tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025, periodo en que anunció un endurecimiento general de las medidas de control fronterizo. Posteriormente, en febrero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió un memorando que instruyó a sus funcionarios a verificar si personas protegidas de ser devueltas a sus naciones de origen podían ser recapturadas y enviadas a otros países, en paralelo a gestiones diplomáticas con gobiernos foráneos.

Frente a estas directrices, cuatro migrantes interpusieron una demanda colectiva en marzo de 2025. Los recurrentes denunciaron que el gobierno ejecutaba estas derivaciones sin una notificación previa razonable y privando a los afectados del derecho a manifestar temores fundados de sufrir persecución o actos de tortura en los destinos asignados, los cuales a menudo estaban sumamente alejados de sus lugares de origen.

En primera instancia, el Tribunal de Distrito para el Distrito de Massachusetts acogió la demanda en febrero y determinó que los afectados debían contar con garantías de debido proceso, aviso formal oportuno y mecanismos para impugnar el traslado. Dicha resolución, que invalidó el protocolo cuestionado, fue ratificada sustancialmente el 18 de septiembre por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

El gobierno de Donald Trump recurrió ante la Corte Suprema aduciendo que el tribunal de distrito carecía de competencia legal para tramitar el requerimiento o decretar reparaciones colectivas. Por su parte, la defensa de los migrantes sostuvo que las decisiones previas no vetaban los traslados a terceros Estados, sino que imponían al poder ejecutivo el deber de tramitar oportunamente solicitudes de resguardo antes de ejecutar cualquier salida forzosa.

Al decretar la suspensión de los fallos de instancia, la Corte Suprema instruyó debatir tanto la competencia de los jueces de instancia como la legalidad de los programas de expulsión.

Vea resolución Corte Suprema de Estados Unidos.