Cesación por salud incompatible en el Estatuto Administrativo: Conflicto de Interpretación entre la Corte Suprema y Contraloría General de la República.

La cesación en el cargo por causal de salud incompatible con el desempeño de funciones, regulada en el artículo 151 del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834), constituye uno de los mecanismos mediante los cuales la Administración puede poner término a la relación estatutaria cuando la condición médica de un funcionario impide la continuidad de su desempeño. Esta disposición ha generado en los últimos años un intenso debate en torno a su interpretación y aplicación, principalmente tras la reforma introducida por la Ley N° 21.050, que estableció como requisito la existencia de un informe previo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), referido a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario. La cuestión, que podría parecer meramente técnica, ha devenido en una controversia sustancial entre dos instituciones fundamentales del orden jurídico administrativo chileno: la Contraloría General de la República (CGR) y la Excelentísima Corte Suprema. Mientras la primera ha sostenido que el informe de la COMPIN constituye un antecedente técnico no vinculante, la segunda ha consagrado en su jurisprudencia la tesis de que dicho informe resulta determinante y obligatorio para declarar o no la incompatibilidad.

No puede dejar de observarse que este diferendo interpretativo se enmarca en una problemática mayor, como lo es el ausentismo laboral en el sector público. La realidad que exhiben los datos aportados por la Dirección de Presupuestos (Dipres)[1] y diversas universidades[2], es que los funcionarios del aparato estatal presentan niveles de ausencia notablemente superiores a los observados en el sector privado, lo cual se traduce en una tensión permanente entre el respeto a los derechos laborales y la necesidad de eficiencia en la prestación de los servicios públicos. La causal de salud incompatible se transforma entonces en una herramienta de gestión que, mal utilizada o insuficientemente regulada, puede convertirse en fuente de conflictos judiciales, reproches constitucionales y afectaciones al debido proceso.

La postura de la Contraloría General ha sido particularmente insistente en destacar la naturaleza no vinculante del informe que emite la COMPIN. En diversos dictámenes, entre ellos los N° E377055 de 2023 y E527522 de 2024, el órgano contralor invariablemente ha subrayado que el jefe superior del servicio conserva la potestad para declarar la incompatibilidad de la salud con el cargo, incluso si el informe técnico sugiere que la condición del funcionario es recuperable. La decisión administrativa, señala la CGR, debe encontrarse debidamente motivada, pero no se encuentra supeditada en forma absoluta al contenido del informe médico. Es decir, dicho informe actúa como antecedente relevante, pero no determina por sí solo el desenlace del procedimiento. Más aún, CGR hace el distingo entre aquella situación prevista en el art. 112 del Estatuto Administrativo de aquella que contempla el art. 151 del mismo cuerpo para efectos de separar el rol que tiene el informe de COMPIN y la diferenciación que debe hacerse entre salud irrecuperable y salud incompatible: “La declaración de irrecuperabilidad de la salud de un empleado público posee requisitos y efectos diversos de los establecidos para la declaración de salud incompatible, y se encuentra regulada principalmente en los artículos 112 y 152 de la ley Nº 18.834. Ahora bien, el legislador ha instituido, desde la fecha de publicación de la ley Nº 21.050 —7 de diciembre de 2017—, una nueva exigencia a la autoridad para ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño: solicitar previamente a la comisión de medicina preventiva e invalidez respectiva, que se pronuncie acerca de la irrecuperabilidad de la salud del empleado. La evaluación que realice dicho ente constituye para la autoridad que la solicita un antecedente sobre la irrecuperabilidad de la salud del servidor, ya que se trata de la valoración que un organismo técnico especializado realiza acerca de la condición de salud de aquel. Si dicha comisión estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para declarar su incompatibilidad con el desempeño del cargo en los términos del artículo 151 de la ley Nº 18.834, mientras que, si informa que la salud es irrecuperable, procederá que el funcionario cese en sus funciones en virtud de tal causal, no resultando posible declarar la referida incompatibilidad” (dictamen N°E255502/2022)