Régimen de empleados públicos
Falta de fundamentos constitucionales del concepto institucional de “Estatuto Administrativo”.
Todo indicaría que el alcance institucional de la expresión Estatuto Administrativo cimentado en el artículo 72 N°s 7, 8 y 9 de la Constitución de 1925, según lo postulado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, actualmente no gozaría de mayor respaldo constitucional.

1**.-**A la Contraloría General de la República, entre otras atribuciones, le corresponde “vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo” (artículo 1°, inciso primero, ley N° 10.336).
2**.-**Más específicamente, el artículo 6°, inciso primero, de la citada ley, establece que “Corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen”.
Por su parte, el artículo 38, letra a), del mismo cuerpo legal, dispone que: “Corresponderá al Subdepartamento de Registro de Empleados Públicos: a) Vigilar el cumplimiento del Estatuto Administrativo y proponer las resoluciones tendientes a este fin, sin perjuicio de lo establecido en la letra h) del artículo 33”.
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