Un diagnóstico psiquiátrico es una condena. Quien padece un problema de salud mental es tratado en general de loco, violento, impredecible, irresponsables o débiles, teniendo que lidiar con estos prejuicios, casi siempre, de por vida. Incluso si el problema está controlado o superado. Es un estigma, y si bien, esta marca no está “hecha en la piel con hierro candente”, sí es una “nota infamante”.
Atribuirles estas características a quién padece de problemas de salud mental hace que, socialmente, ellos se consideren distintos a los demás. Y al no ser iguales a “los demás”, no se les dispensa un trato digno a pesar de que consideramos que la dignidad es un atributo inseparable de la persona, base y sustento de todos los derechos humanos, suprimiéndoles la condición de titulares de tales derechos a partir de su padecimiento.
Un trágico doble castigo. Los “locos” – según el pensamiento generalizado – no son capaces de vivir en sociedad.
Pese a que existen tratamientos eficaces, y que el espectro de problemas de salud mental es muy amplio, no hay suficiente difusión de esta información que, por cierto, contribuiría a poner fin a este estigma y al círculo vicioso donde la percepción negativa acarrea falta de protección, dificultando la recuperación e incorporación en la sociedad. La discriminación laboral, en educación y en salud (entre otras), que deben soportar, impide una mejoría en su condición.
Las afecciones a la salud mental no sólo impactan a quien padece este problema, a sus familias y círculo cercano. Irrogan también un costo para el Estado, lo que agrava las consecuencias de su deficitario abordaje. Anualmente un importante porcentaje, a veces el mayor, de las licencias médicas, corresponde a trastornos mentales y del comportamiento. Ello ocasiona que el gasto en subsidio por incapacidad laboral aumente pues se incrementa la probabilidad de sufrir problemas de salud físicos (cáncer, diabetes, problemas cardio-vasculares, trastornos dermatológicos, trastornos gastrointestinales, etc.) lo que implica una mayor demanda de tratamientos médicos derivados (dolores crónicos de espalda o cuellos, estrés), además de una baja productividad laboral, y un aumento de la pobreza por falta de trabajo, consecuencia directa de la discriminación laboral, entre otras.
Todo lo anterior convierte en indispensable que en el proyecto de nueva Constitución no se hable únicamente de un derecho a la protección de la salud con un Estado que garantice “el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”, sino que también se haga expresa mención a que la salud mental constituye una dimensión del derecho a la salud con un compromiso estatal de desarrollar acciones y efectuar prestaciones en su favor.
¿Cuáles acciones y prestaciones? Por ejemplo: (1) destinar en forma prioritaria recursos suficientes para la prevención y tratamiento oportuno, (2) focalizar inversión en investigación para categorizar enfermedades, considerar distribución en zonas geográficas, rangos etáreos, riesgos asociados, que permiten determinar qué es lo prioritario, facilitando y orientando el desarrollo e implementación de políticas públicas adecuadas, (3) fortalecer la red pública de atención de salud mental, (4) desarrollar campañas de información a la población en general, que logren erradicar la creencia de que los trastornos mentales no son tratables, y que el rechazo, maltrato y aislamiento no son la solución.
Si bien es necesaria una legislación más completa que sirva de marco general y que tenga como objetivo proteger a un grupo vulnerable, no es suficiente. La salud mental es un problema que abarca distintas áreas, y el apoyo del Estado es fundamental para evitar la estigmatización y promover la integración.
Los Derechos Humanos de quienes sufren un problema de salud mental han sido constantemente atropellados, y desconocerlo hace imposible reclamarlos efectivamente. (Santiago, 11 mayo 2021)