«Cultura de la cancelación»: cuando el juicio social precede al veredicto judicial

Otros casos han tenido resultados muy distintos. El de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, derivó en una “cancelación” pública a raíz del beso sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial femenino en Sídney. Dos años más tarde, la justicia lo condenó.

La lista se extiende más allá de España. En Estados Unidos, el actor Kevin Spacey fue “cancelado” tras múltiples acusaciones de agresión sexual. La productora Netflix rompió su vínculo con el intérprete, lo que llevó a que su personaje, Frank Underwood, fuera eliminado de la sexta temporada de la serie “House of Cards”, que terminó siendo un fracaso. Posteriormente, el actor fue absuelto en los tribunales, pero el impacto en su carrera y su imagen resultó profundo.

En Portugal, tres investigadoras del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra, escribieron el capítulo “Las paredes hablaban cuando nadie más lo hacía” en un libro publicado en 2023, en el que se vertían graves acusaciones de acoso sexual contra personas que trabajaban en el CES, entre ellas el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. La repercusión mediática fue inmediata: telediarios y titulares en Portugal reprodujeron la acusación sin una investigación previa que la corroborara.

Según su abogado, este episodio se tradujo en la retirada de libros, capítulos y prólogos de De Sousa, así como en la cancelación de invitaciones a comités internacionales. “El problema es que ahora cada vez que se habla de acoso sexual en Portugal, sale su cara y estos hechos, aunque se hable de otras personas”, señala el defensor, subrayando el efecto duradero en la reputación del sociólogo.

El patrón se repite en otros escenarios. Johnny Depp vio cómo importantes productoras cinematográficas le cerraban las puertas cuando fue acusado judicialmente de maltrato hacia su entonces esposa, la actriz Amber Heard. Para él, como para Spacey, las consecuencias fueron inmediatas: pérdida de proyectos y un fuerte desgaste de su imagen. Finalmente, Depp fue absuelto y se acreditó que las conductas de maltrato eran recíprocas, aunque, en un inicio, solo se le había “cancelado” a él.

Especialistas en derecho al honor e intimidad advierten que la cultura de la cancelación puede llegar a operar como una auténtica “cadena perpetua” para la imagen de la persona difamada. “Estos hechos pueden llegar a unos extremos en los que se pierda el trabajo o contratos de publicidad, especialmente cuando se trata de campañas de desprestigio que afectan a personas con relevancia pública”, consecuencias que se producen incluso antes de que comience el recorrido judicial.

Por ello es necesario analizar con precisión qué tipo de imputaciones de hechos o juicios de valor se vierten en redes para determinar si tienen entidad suficiente como para ser perseguidas penalmente como injurias o calumnias. Al mismo tiempo, siempre debe ponderarse la libertad de expresión: Es una fina línea la que separa la libertad de manifestar lo que piensas y dar tu opinión sobre una persona de aquello que puede atentar contra su honor.

En términos jurídicos, el camino para proteger el derecho al honor existe, pero no es sencillo. Aunque exista una ley que regule la protección del derecho a la intimidad y la propia imagen, y que las intromisiones ilegítimas en estos derechos personalísimos se castiguen, la imputación de hechos o juicios de valor que lesionan la dignidad de la persona no resulta fácil de restablecer.

Cuando hay un “cancelamiento” en redes sociales es muy difícil conseguir una sentencia judicial que respalde el derecho al honor, que repare plenamente el daño. Cualquier lesión a estos derechos personalísimos es prácticamente irreparable. Al final, la lesión afecta a la propia estima y a cómo te ven terceros.

Así, la cultura de la cancelación se consolida como un fenómeno en el que la sentencia social —dictada en redes y amplificada por los medios— suele llegar antes, y con mayor impacto, que el veredicto judicial, tensionando los límites entre la libertad de expresión, el derecho al honor y la presunción de inocencia.