Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana y garantías penales: el caso “Vega González y otros vs. Chile”, por Jaime Tijmes

El 31 de diciembre de 2025, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa rol 24.317-2025, en la que abordó una cuestión de especial complejidad: cómo dar cumplimiento en el ordenamiento jurídico chileno a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[1]

El caso “Vega González y otros vs. Chile” se refiere a la aplicación de la media prescripción del artículo 103 del Código Penal en procesos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La Corte Interamericana condenó al Estado de Chile y ordenó revisar y/o dejar sin efecto las reducciones de pena fundadas en dicha institución.[2]

La sentencia de la Corte Suprema se inscribe, por tanto, en el esfuerzo por cumplir una obligación internacional. En este punto, el fallo desarrolla la fuerza obligatoria de las decisiones de la Corte Interamericana, el principio “pacta sunt servanda” y la imposibilidad de invocar el derecho nacional para justificar el incumplimiento de tratados. Asimismo, sostiene que, en ausencia de una regulación específica, corresponde a los tribunales de justicia adoptar las medidas necesarias para ejecutar lo resuelto por el tribunal internacional.

Sin embargo, precisamente porque el caso compromete principios estructurales del Estado de Derecho, la argumentación de la Corte resulta insuficiente en aspectos decisivos.

1. La cosa juzgada

La Corte Suprema reconoce expresamente que la cosa juzgada constituye un pilar de la seguridad jurídica y que su afectación solo puede justificarse en circunstancias excepcionales (considerandos sexto y séptimo). En esa línea, afirma que las sentencias firmes que la Corte Interamericana ordenó revisar y/o dejar sin efecto adolecen de cosa juzgada aparente o fraudulenta.

Esta caracterización cumple una función clave: permite justificar la revisión de decisiones ejecutoriadas. No obstante, la sentencia no desarrolla los criterios que permitirían sostener dicha calificación en el caso concreto. En particular, no explicita con suficiente precisión la diferencia entre una sentencia jurídicamente errada y una sentencia que adolece de vicios tan graves que comprometan su legitimidad como acto jurisdiccional. De este modo, una categoría excepcional queda aplicada sin una justificación que permita delimitar su alcance y evitar su eventual expansión.

Tampoco se hace cargo de las consecuencias institucionales de sostener que la propia Corte Suprema haya dictado una docena de sentencias de manera gravemente viciada.

2. El cumplimiento de obligaciones internacionales

El fallo también enfrenta la cuestión de la competencia para ejecutar la sentencia internacional (considerando noveno). El ordenamiento jurídico chileno carece de una ley sobre la ejecución de sentencias internacionales. La Corte Suprema sostiene que, ante la ausencia de una regulación legal específica, corresponde a los tribunales de justicia adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana. En apoyo de esta conclusión, invoca el principio de inexcusabilidad (art. 76 inc. 2 CPR) y subraya que solo el Poder Judicial puede revisar sentencias firmes.

Sin embargo, la sentencia no desarrolla con suficiente precisión los límites de esta competencia ni explica de manera suficiente por qué se fundamenta en el principio de inexcusabilidad. La afirmación de que el procedimiento adoptado “se ha ajustado al ordenamiento jurídico nacional” (considerando noveno) es una petición de principio y habría requerido una fundamentación más detallada, especialmente porque se trata de una intervención extraordinaria sobre sentencias firmes.

La intervención judicial en este caso puede ser vista como una respuesta a una circunstancia extraordinaria derivada de una obligación internacional. En virtud del artículo 7, inciso segundo, de la Constitución, cabía esperar una reflexión más desarrollada sobre los límites del ejercicio de la jurisdicción en ausencia de una potestad pública conferida por la Constitución o las leyes.