Responsabilidad Civil en el Derecho de Consumo: Análisis del caso Rol N° 20.316-2024 y la necesidad de una adjudicación fragmentada en el sistema chileno, por Joaquín Guerrero Reyes

En la sentencia, este presupuesto puede identificarse a partir de la conducta contradictoria de los demandados, quienes, infringiendo los deberes de profesionalidad y buena fe, negaron la cobertura para luego pagar el saldo insoluto bajo la apariencia de una liberalidad, evidenciando una manipulación instrumental orientada a eludir su responsabilidad.

El cálculo de la sanción, lejos de ser arbitrario, debe atender al beneficio obtenido y a la probabilidad de detección del ilícito. En este sentido, José Ignacio Azar Denecken[4] plantea que la multa debe corregir las “cifras negras” de la responsabilidad, de modo que, si el infractor es demandado solo en una fracción de los casos, la sanción debe multiplicar el daño para asegurar la internalización del costo social total.

En el caso analizado, la multa de 100 UTM por infracción a los artículos 3 letra e) y 23 de la Ley N° 19.496, si bien formalmente responde al régimen sancionatorio de dicha ley, puede ser interpretada, desde una perspectiva funcional, como un mecanismo que contribuye —aunque de manera no sistemática— a desincentivar conductas que, de otro modo, podrían resultar económicamente rentables, evitando que la retención indebida de cobertura durante seis años se configure como una opción eficiente desde el punto de vista económico.

Esta lógica fragmentada encuentra recepción normativa en la Ley N° 19.496. Así, el artículo 25 A establece indemnizaciones automáticas por interrupción de servicios básicos, evidenciando un componente punitivo al prescindir de la prueba del daño efectivo. Del mismo modo, el artículo 53 C letra c) faculta al tribunal para incrementar la indemnización en un 25% en caso de agravantes, como la afectación grave de la dignidad.

Sin embargo, Gabriel Hernández Paulsen y Matías Ponce Márquez[5] advierten que este límite resulta insuficiente para generar una disuasión efectiva en mercados masivos, proponiendo la adopción de rangos variables y la consideración del patrimonio del infractor, con el objeto de asegurar que la sanción cumpla una función verdaderamente expropiatoria del beneficio ilícito.

En definitiva, la transición hacia una adjudicación fragmentada (modelo bidimensional) no supone una alteración de la tradición jurídica chilena, sino su consolidación. El error del monismo resarcitorio ha radicado en reducir la reparación integral al patrimonio de la víctima, ignorando que el beneficio ilícito obtenido por el infractor constituye un daño al mercado y a la confianza pública que la mera compensación no logra reparar.

Sobre la base de las consideraciones expuestas, propongo una reformulación de la reparación integral entendida como una estructura bidimensional. Si bien esta propuesta se alinea con el marco teórico de dos etapas desarrollado por Alvarado García (2024), introduzco cambios sustanciales que reorientan el modelo: la primera dimensión se dirige a la restauración del individuo mediante la justicia correctiva, mientras que la segunda busca restablecer el imperio de la norma a través de una punición técnica

En la primera dimensión, dedicada a la justicia correctiva y al «blindaje» del perjuicio, planteo una reconceptualización de la reparación integral. Esta la defino como un límite jurídico estricto. El eje central en esta fase es la objetivación del daño moral: este debe vincularse directamente a la afectación técnica de la integridad física o la dignidad humana. Bajo este enfoque, busco blindar el proceso judicial, impidiendo que los magistrados utilicen el concepto de «sufrimiento» como una vía opaca para aplicar castigos encubiertos. Al exigir una prueba técnica y objetiva, garantiza que la víctima sea restaurada en la medida precisa de su pérdida, evitando el enriquecimiento injustificado y respetando el marco de previsibilidad que impone nuestro Código Civil.

En la segunda dimensión, correspondiente a la punición técnica y la neutralización del beneficio. Este enfoque desplaza el castigo basado en la mera indignación social hacia una punición fundamentada en la eficiencia económica. Para ello, incorporo dos variables esenciales:

Primero, introduzco la corrección de las «cifras negras», es decir, que el cálculo de la sanción considere la probabilidad de detección del ilícito. Entiendo que, si un infractor es demandado solo en una fracción de los casos, la multa debe ser proporcionalmente mayor para que el agente internalice el costo social total de su actividad y no la trate como un simple «costo marginal» de operación.

Finalmente, a esta segunda fase, estimo que la sanción debe considerar el patrimonio del infractor y, fundamentalmente, el beneficio económico obtenido mediante el daño.

Por lo cual, la reparación en Chile debe ser bidimensional porque no basta con compensar al individuo; es imperativo restaurar el imperio de la norma extrayendo el provecho ilícito derivado de la vulneración del mercado.

Solo cuando el ilícito deja de ser una opción contable rentable, el mercado puede funcionar como un espacio de intercambio justo y no como un escenario de depredación eficiente. En este sentido, este sistema emerge como el mecanismo que permite al Derecho Civil chileno reafirmar su soberanía frente a la lógica del beneficio a cualquier costo.

Joaquín Tomás Guerrero Reyes es egresado de Derecho de la Universidad Finis Terrae y Director Académico de la Asociación Chilena de Litigación. Posee certificaciones internacionales en Justicia por Harvard University, Ley de Igualdad Comparada y Antidiscriminación por Stanford University, American Contract Law por Yale University, Negociación, mediación y resolución de conflictos por ESSEC Business School y liderazgo por Boston University. Especializado en Cloud Computing Law por Queen Mary University of London, y Diplomado en Gobernanza Global por IBMI (Berlín).

Referencias bibliográficas:

• Alvarado García, F. J. (2024). Un marco teórico de dos etapas para abordar los daños punitivos en el derecho civil chileno. Un enfoque comparado desde el derecho inglés. Latin American Legal Studies , 12 (2), 168-218.

• Azar Denecken, J. I. (2009). Los daños punitivos y sus posibilidades en el derecho chileno [Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile.

• Hernández Paulsen, G., & Ponce Márquez, M. (2022). Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores. Revista Chilena de Derecho Privado , (38), 63-107.

• OLIVARES GODOY PATRICIA (/CORTE APELACIONES PUERTO MONTT): 11-03-2026 ((POLICIA LOCAL) QUEJA), Rol N° 20316-2024. En Corte Suprema. Fecha de consulta: 15-04-2026

• Salvador Coderch, P. (2000). Punitive Damages. InDret: Revista para el Análisis del Derecho , (1), 1-17.

• San Martín Neira, L. C. (2020). La reparación integral del daño en el derecho del consumo. Revista de Derecho (Coquimbo) [O publicación similar según actas de congreso], 245-266

[1] Salvador Coderch, P. (2000). Punitive Damages. InDret: Revista para el Análisis del Derecho, (1), 1-17.

[2] Alvarado García, F. J. (2024). Un marco teórico de dos etapas para abordar los daños punitivos en el derecho civil chileno. Un enfoque comparado desde el derecho inglés. Latin American Legal Studies, 12(2), 168-218.

[3] San Martín Neira, L. C. (2020). La reparación integral del daño en el derecho del consumo. Revista de Derecho (Coquimbo) [O publicación similar según actas de congreso], 245-266

[4] Azar Denecken, J. I. (2009). Los daños punitivos y sus posibilidades en el derecho chileno [Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile.

[5] Hernández Paulsen, G., & Ponce Márquez, M. (2022). Daños punitivos, especialmente para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores. Revista Chilena de Derecho Privado, (38), 63-107