Adolfo Paúl Latorre

¡Ya han transcurrido cincuenta años! Es preciso cerrar el capítulo de las recriminaciones por hechos del pasado. Si se sigue hurgando en las heridas se estará atentando contra una sana convivencia y, consecuentemente, contra el crecimiento de nuestra patria. Una amnistía consensuada traería la paz.

Como le decía don Quijote a Sancho: “para gobernar tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas”. Derecho y fuerza son indisociables como anverso y reverso del Estado de Derecho.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos militares y carabineros con posterioridad al 11 de septiembre si bien son injustificables, son comprensibles considerando el ambiente de odio que se vivía —que dividió a los chilenos en dos bandos irreconciliables y que los llevó al borde de una guerra civil— la agresión terrorista y las gravísimas violaciones a tales derechos cometidas por quienes llevaban a cabo una violencia subversiva y revolucionaria, la que debió ser reprimida por las fuerzas de orden y seguridad del Estado a fin de conservar el orden público, obligación esenci

Cabría comentar que la ley 21.124 del 18 de enero de 2019 —que aumentó desde la mitad hasta dos tercios de la condena el tiempo mínimo que debe transcurrir respecto de ciertos delitos para poder solicitar el beneficio de la libertad condicional— no debe ser aplicada con efecto retroactivo.

Para cumplir con tan esencial obligación y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional, los gobernantes deben hacer uso de la violencia física legítima del Estado contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas; única forma de reprimirlos o de disuadirlos. Respecto de esto último, debe considerarse que la disuasión es esencialmente ofensiva, no defensiva (como lo era la “línea Maginot” en Francia).

La subsidiariedad y la solidaridad, lejos de ser conceptos antagónicos, son totalmente compatibles entre sí. Tal dicotomía no existe: un Estado puede perfectamente ser solidario y subsidiario a la vez. El bien común exige respetar el principio de subsidiariedad.

La CAM ha declarado explícitamente sus intenciones de imponer por la fuerza —mediante acciones terroristas y una guerra de guerrillas— sus objetivos de control territorial, político y militar de dicha zona, lo que vulnera abiertamente lo establecido en el artículo 19 nº 15º, inciso 6 de nuestra Carta Fundamental.

Y también me duele Chile, por situaciones análogas y por el proceso revolucionario en curso, que avanza sin prisa pero sin pausa, que nada bueno nos hace presagiar y que nos trae a la memoria la trágica y cruenta Guerra Civil Española.

Si se considera como un poder que solo puede ser ejercido por civiles, expresa la idea de algo inexistente; aunque podría ser aceptada como sinónimo de poder político —el poder ejercido por los encargados del gobierno de la ciudad, según Santo Tomás— el que puede ser ejercido tanto por civiles como por militares.

Evidentemente, el control educativo de las FF.AA. obedece al plan de destrucción de éstas —en forma gradual o violenta— junto con otros métodos tales como su división, su desnaturalización, el descabezamiento, la neutralización y la infiltración, especialmente en sus escuelas matrices.

La violencia ilegítima —sea esta revolucionaria, guerrillera o terrorista— no puede ser controlada, anulada o aniquilada con buenas palabras: ello solo puede ser logrado utilizando la violencia física legítima del Estado, de la cual este tiene el monopolio.

La aprobación de dicha propuesta en el plebiscito ratificatorio y su implementación acarrearía no solo la destrucción de la nación chilena —una nación mestiza que hemos forjado entre todos a lo largo de casi cinco siglos de historia— sino que el descuajeringamiento del orden institucional de la República y el establecimiento de principios jurídicos y de normas de orden público económico que harían retroceder a Chile a lo que era hace cincuenta años.

La norma del artículo 103 del mismo Código establece un beneficio temporal objetivo denominado impropiamente “media prescripción”, ya que su naturaleza es absolutamente diferente al de la prescripción, pues trabaja sobre el elemento temporal no para extinguir la responsabilidad penal como en la prescripción, sino que para reducir la pena imponible.

La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo.

Vengo en sugerir la siguiente propuesta, sustituir el inciso final del artículo 142 de la Carta Magna vigente.

Nos parece de interés copiar algunos extractos de lo dicho sobre el tema por el doctor en historia económica y exparlamentario sueco, Mauricio Rojas Mullor.

Las denominadas, peyorativamente, “cocinas” legislativas son reuniones extraparlamentarias en las que representantes de los partidos llegan a acuerdos transaccionales en los que se hacen concesiones recíprocas, sin aferrarse inclaudicablemente a sus posiciones ideológicas o a “planificaciones globales” inmodificables, intransables y excluyentes.

Durante los días 8, 9, 10 y 11 de marzo de 1925, por iniciativa del Partido Comunista y de la Federación Obrera de Chile, cerca de dos mil delegados nacionales —electos por sus bases sociales— se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago en una convención denominada “Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de Chile” con el propósito de discutir un proyecto de Constitución Política.

No sería de extrañar que algunos convencionales constituyentes propongan redactar la nueva Constitución con un lenguaje inclusivo de género.

Lamentablemente son numerosos los sectores políticos que se oponen a este sistema —que ellos denominan peyorativamente “modelo neoliberal”— pero que no dan a conocer, explícitamente, por cual lo reemplazarían.