Adolfo Paúl Latorre

Si a los militares a cargo de custodiar los locales de votación se les diere la consigna de asegurar la integridad de las urnas electorales, en tal caso no podrían cumplirla dadas las reglas de uso de la fuerza vigentes, que restringen extremada e imprudentemente el uso de armas de fuego.

Evidentemente, no constituye deliberación el hecho de que el General Director de Carabineros haya expresado su opinión ante su autoridad superior sobre un tema que guarda relación directa con su función específica y con la institución bajo su mando.

Los militares no deben ser reducidos a la calidad de funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que se ponga en sus manos.

Garrote omitió decir que recientemente la Cámara de Diputados rechazó que los independientes pudieran pactar con otra lista de independientes o partidos políticos, lo que los deja en una situación desmedrada por la aplicación del método D’Hondt.

Un gobierno de coalición significa el debilitamiento de la responsabilidad y, a menudo, permite que los pequeños partidos ejerzan una influencia desproporcionadamente grande en las decisiones del gobierno.

La regla del quórum de dos tercios para aprobar las normas de la Nueva Constitución (art. 133 CPR) no asegura, como aparenta, que la nueva Carta Fundamental plasmará acuerdos mayoritarios.

La verdad es que es imposible disuadir, controlar o reprimir a quienes destruyen todo a su paso con una violencia desenfrenada sin el uso de armas letales o con la amenaza creíble de su uso.

Según Arrué, la actual Carta Fundamental sería ilegítima y por ello sus disposiciones no podrían restringir al nuevo órgano.

La proliferación de partidos conduce a hacer inevitable un gobierno de coalición, lo que dificulta su integración y la posibilidad de mantenerlo unido durante un tiempo razonable.

Ello introduciría de manera indirecta un sistema de reparto en Chile, paralelo al actual, y nos pondría en el camino de la captura política de los fondos de pensiones como ocurrió en Argentina.

El objetivo principal de quienes impulsan este cambio es el de reemplazar el modelo de sociedad libre que establece la Constitución actualmente vigente por el modelo de una sociedad socialista.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El aparato revolucionario ha logrado imponer, a través de la violencia y la coacción, un acuerdo político que llevará a la realización de un plebiscito para decidir la redacción de una nueva Constitución.

A los condenados por hechos punibles cometidos con anterioridad debe serles aplicada la normativa que estaba vigente al momento de la realización de tales hechos.

Según lo dispuesto en el artículo 76 de nuestra Constitución Política "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

El Tribunal Constitucional no solo ha renunciado al ejercicio de sus funciones esenciales, sino que ha avalado la vigencia de un sistema procesal penal inconstitucional que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa.

El activismo judicial - de los jueces que presumen estar por sobre la ley y que fallan sobre la base de sus creencias o convicciones personales y no de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes señalan - lesiona el Estado de Derecho.

Por sobre una disposición transitoria de la Constitución prima el articulado permanente.

Es preciso considerar que los militares fueron condenados mediante la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso.