diarioconstitucional

Atendida la extensión de la pandemia de covid-19.

Extiende los beneficios del seguro de desempleo a cuidadores.

Para el juez, en el libro se "desliza" que el demandante "fraguó su condición de detenido y torturado durante la dictadura militar, inventándose un pasado revolucionario". Según el fallo, esto generó una "proyección negativa sobre su derecho a la identidad" y un "daño resarcible".

La Magistratura Constitucional adujo que, lo que se ha sometido a control preventivo, es una nueva materia que debe someterse a arbitraje forzoso que se sustrae del conocimiento de la judicatura ordinaria.

La Magistratura constitucional sostuvo que la norma impugnada vulnera la igualdad ante la ley, al dar un idéntico tratamiento al mero contribuyente moroso que al contribuyente que se ha visto expuesto a la lenidad de quien obra como acreedor.

El fallo estableció que el cobro a la empresa eléctrica procede únicamente respecto de las emisiones realizadas a partir del 1° de junio de 2016.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros García y Pozo, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento, ya que no aparece los preceptos impugnados no han de tener aplicación en la gestión pendiente o no resultan decisivos.

Previo a la adopción del acuerdo, se dispuso como medida para mejor resolver oficiar a la Cámara de Diputados para que informe la eventualidad de que la requirente hubiese sido sancionada por la Comisión de Ética.

Los estándares respecto a la cantidad de munición permitida para armas de fuego registradas en Brasil pasaron de 200 a 600 por año, a una munición de 550 a 650 mensuales.

Señala que la violencia terrorista constituye por sí misma una amenaza a los derechos humanos.

Considerando que el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del acreedor en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos, la presentación de la demanda parece satisfacer este requisito dado que ahí aflora su voluntad de hacer efectivo su derecho mediante la acción respectiva, sin que haya necesidad de notificación de la demanda.

Se trata de un organismo estatal que goza de capacidad procesal en razón de la imputabilidad legal y directa de sus potestades públicas, sin que para ser parte en juicio necesiten personalidad jurídica plena o patrimonio propio.

La Comisión de Gobierno respaldó el texto que apunta a fomentar la participación y el acceso de personas de esfuerzo que no cuentan con certificado de cuarto medio regular. En la actualidad la norma exige "enseñanza media formal o su equivalente".

Requirente había solicitado información sobre algunas empresas.

El máximo Tribunal rechazó la acción intentada por falta de fundamentación.

La Corporación hace un llamado al Ejecutivo a avanzar en propuestas legislativas que tengan como finalidad que los afiliados puedan hacer uso de parte de sus ahorros previsionales, bajo condiciones y circunstancias específicas.

Destaca el incremento de las prestaciones a través de la modificación de la actual escala de porcentajes de los giros, a fin de frenar su caída.

Tampoco se infringe la regla del artículo 2330 del Código Civil desde que no se probó que el trabajador se expuso imprudentemente al daño.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el 28° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

Quedó desvirtuada la presunción legal del inciso 1° del artículo 8º del Código del Trabajo. Los recaudadores no eran trabajadores dependientes o subordinados, ni tenían obligación de asistencia, de cumplir horario o de asistir a reuniones u otras propias del trabajo subordinado.