Lautaro Ríos

No existe mayor aberración que una Carta Fundamental escrita en lenguaje académico, difícil de comprender por el ciudadano corriente pues para él se escribe la Constitución, de modo que la entienda en su lenguaje habitual y la comprenda a la primera lectura, y así pueda aplicarla en su vida cotidiana sin ninguna dificultad.

Las aberraciones jurídicas y políticas que contienen éstas y otras disposiciones de la Propuesta de NUEVA CONSTITUCIÓN nos inducen vigorosamente a rechazarla. Por otra parte, pueden predicarse muchas cualidades de la naturaleza, pero a condición de no confundirla con la persona humana.

El primer motivo de rechazo consiste en los graves errores lingüísticos y conceptuales de los que adolece su Presentación y que son inadmisibles en la Constitución Política de un país civilizado.

No lo es la enumeración de las aspiraciones más sentidas por una comunidad humana. Porque una aspiración –por generalizada que sea– es un sueño y no una realidad sobre la cual se pueda construir una organización política estable.

Es un principio fundamental en el ejercicio de una potestad, aquél sin cuya presencia ésta deja de funcionar. En mi opinión, son principios fundamentales en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la juridicidad, la congruencia y la inexcusabilidad resolutiva. La ausencia de cualquiera de ellos en el conocimiento y resolución de un asunto jurisdiccional le deja privado de valor y de eficacia. En esta reflexión abordaremos este último principio, no sólo por su importancia decisiva para resolver efectivamente un asunto judicial sino también por la trascendencia que le ha reconocido el sistem

Comunistas, socialistas y radicales, que formaban el Frente de Acción Popular (FRAP), nos ayudaron a difundir el saneamiento de las viviendas a bajo costo, la eliminación de los parásitos, la preparación de alimentos baratos y nutritivos y el mejoramiento del barrio; todo con la ayuda de los estudiantes de todas las escuelas y de los organismos de la universidad.

Sin sufragio efectivo desaparece la democracia. Por lo mismo, como función pública el sufragio debe ser obligatorio, tal como lo fue en toda nuestra historia republicana.

Esta desesperada lucha contra el Covid-19 ha hecho olvidar a los estados victimados, la evidente responsabilidad de sus creadores y difusores, cobardemente ocultos hasta ahora en el anonimato.

En máximo Tribunal peruano indicó que, si bien la norma permite que los Operadores de Servicios Electrónicos puedan acceder a cierta información confidencial del contribuyente protegida, ello no implicó que se esté vulnerando este derecho.

Si todos somos iguales, políticamente hablando, no puede torcerse ni violentarse la decisión de la mayoría añadiéndole elementos desestabilizadores como el "voto preferencial", la agregación de "escaños convencionales" a las legítimas candidaturas o la falsa y perniciosa idea de la "igualdad de género".

Otra personas fue condenada a cinco meses de prisión por vulnerar el confinamiento para robar shampoo y enjuague bucal.

Debido a la discriminación que ha surgido contra trabajadores de la salud por el miedo al coronavirus.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

La Corte Suprema calificó de arbitrarios e ilegales los comportamientos de las recurridas.

El máximo Tribunal consideró que no existen sentencias divergentes en la materia.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 6 de la Constitución Política de la República.

Cumbre mundial de respuesta a la crisis del coronavirus.

Es la estación televisiva abierta la que lleva a cabo la comunicación pública de las obras. No hay contravención a los derechos de autor por la empresa de videocable demandada.

En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.

La Corte Suprema señaló que, el conflicto planteado no es de aquellos que debió ser dilucidado a través de la acción cautelar.