Marcelo Silva

La formación de comisiones investigadoras es una innovación de la Constitución de 1980, y su inclusión dentro de las facultades fiscalizadoras de la Cámara resulta por lo demás entendible, si precisamente las atribuciones fiscalizadoras en materia de formar comisiones investigadoras pueden ser el antecedente previo a una acusación constitucional contra alguna de las autoridades y funcionarios que en carácter de servidores de la República cumplen una función pública del más alto rango.

El programa enfatiza que el territorio de Chile se encuentra habitado por “diversas naciones y pueblos” por lo que el país “debe reconocer su plurinacionalidad, avanzando hacia el horizonte de la interculturalidad, asegurando el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación, a la integridad cultural y lingüística, sin sometimiento ni asimilación forzada”.

Ahora comienza el segundo tiempo de la Convención Constitucional, mandatada al efecto por el pueblo mediante un plebiscito en carácter de poder constituyente. Es de esperar que así podamos dejar atrás no solo la violencia, sino que, y especialmente, esa división existencial entre los unos y los otros cuya fractura ha recorrido el país.

A partir del debate sobre el cumplimiento de la prisión preventiva en clínicas psiquiátricas privadas, se analiza la legalidad de los recintos de reclusión. Con base en la Constitución y el Código Procesal Penal, se postula que la privación de libertad cautelar debe ejecutarse exclusivamente en el domicilio del imputado o en establecimientos públicos penitenciarios. Su cumplimiento en recintos particulares vulnera el ordenamiento vigente y configura una diferencia arbitraria que infringe el principio de igualdad ante la ley.

Ciertamente una reforma constitucional, vía normas permanentes o transitorias, puede incidir en más de un capítulo de la CPR, en cuyo caso habrá que estarse al contenido o materia de la misma para determinar su quórum, y no al continente por el cual se expresa.

Los recurrentes estimaron vulnerada la garantía del artículo 19 numeral 1 de la Constitución Política de la República.

El Pleno determinó que "con la cuenta de la propuesta del presidente de la Corte Suprema sobre funcionamiento de las salas de la Corte, se acuerda reanudar el conocimiento de los asuntos jurisdiccionales a partir del día 27 de abril en curso, para lo cual se procederá a la formación de las tablas de que cada sala debe ocuparse a partir de la citada fecha, de acuerdo al número de asuntos que cada una de ellas indique".

Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 3 inciso 5° y 24.

El ente fiscalizador adujo que la caducidad del certificado del subsidio habitacional se verificó debido a la falta de diligencia del COB en su cobro, respecto de lo cual este último no puede aprovecharse, pues importaría un enriquecimiento sin causa.

El Tribunal no hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer la responsabilidad de la demandada en el accidente laboral, por lo que le ordenó pagar la suma de $15.000.000 por concepto de daño moral, al trabajador.

El magistrado instructor consideró que los antecedentes aportados por Francia son suficientes para inculpar al ciudadano chileno en el delito cometido en la ciudad de Besancon, en diciembre de 2016.

El ente contralor adujo que esto es independiente de la jornada que tengan.

La Corte de Concepción indicó en su sentencia que, el recurrente no demostró que la recurrida se apartó de lo establecido en el artículo 19 de la póliza.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación interpuesto por la AFP en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la resolución de primer grado.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El ente contralor sostuvo que, esto, siempre y cuando estas no sobrepasen la restricción establecida en el artículo 37 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1968, del ex Ministerio del Interior.

El objetivo principal del proyecto ingresado es evitar aglomeraciones en municipalidades por el Covid-19.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El recurrente estimó que se vulneró las garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.

La Magistratura constitucional española adujo que prisión provisional estaba justificada por la existencia de indicios racionales basados en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves.