Maximiliano Ravest

Lo primero, es entender bien, que se está votando: es un a favor o un en contra de la propuesta que, esta vez, ha redactado el Consejo Constitucional, compuesto por miembros elegidos por la ciudadanía con voto obligatorio, de un anteproyecto redactado por una Comisión de Expertos de todos los partidos políticos, respetando doce bases institucionales (Art. 154 de la actual Constitución), que fueron acordadas por gran parte de los partidos políticos con representación parlamentaria. Todo lo anterior, en mi opinión, da legitimidad y transversalidad al texto constitucional.

Don Alejandro Silva Bascuñan falleció el 11 de septiembre de 2013. Quizás él escogió esta efeméride para que su muerte fuera discreta, tal cual su sencilla vida, al lado de muchos eventos de la Historia nacional y mundial relevantes. Han pasado 10 años desde su fallecimiento, y creo que vale la pena recordarlo en relación…

A primera vista pareciera que nuestro sistema considera un efecto relativo de las sentencias, lo que tiene efectos en todo el sistema institucional. En este sentido, quien establece reglas generales es el legislador y quien resuelve los temas particulares son los jueces. Esto contrasta con el sistema norteamericano, donde las sentencias de la Corte Suprema generan el denominado precedente, y sus efectos son vinculantes para el resto del sistema jurídico, cosa que no pasa en Chile debido a que las sentencias, aparentemente, tienen efectos relativos, y los jueces siempre reivindican su total ind

Los chilenos debemos optar el próximo 4 de septiembre por el texto constitucional que nos permite un mayor encuentro y que sea el puente adecuado para pasar a una Constitución que de verdad nos una a todos. En lo personal, me parece que la opción rechazo ofrece una mejor salida político constitucional para Chile, debido a la que Constitución vigente se puede reformar por 4/7 de los parlamentarios en ejercicio y por una serie de dificultades que plantea la propuesta de la Convención Constitucional.

Como estamos en presencia de una Carta Fundamental legítima, considero necesario tener presente que la estabilidad constitucional es beneficiosa para las naciones.

Las personas naturales y pequeñas y medianas empresas se verían beneficiadas por este proyecto.

Esto, a propósito de consulta del Vicepresidente Ejecutivo de la CORFO respecto a si procede que el Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar pueda contratar personal -en calidad de empleador- actuando representado por la CORFO.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 18 y 24.

El Tribunal de alzada capitalino resolvió que el organismo fiscalizador carecía de atribuciones para declarar fuera de las normas administrativas a la Corporación Cultural que se creó y cuya existencia sería financiada con platas del Gobierno Regional.

La solicitud de extradición le realiza a Croacia, para repatriar a un ciudadano ruso nacionalizado islandés.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3 incisos 3 y 4 y 24.

La Corte de Concepción indicó que, se configuró una actuación de facto, que alteró el status jurídico existente y perturbó el legítimo derecho de propiedad de la actora, respecto del uso y goce del inmueble que le pertenece.

Facultad que podrá ejercer cuando se produzca alerta sanitaria.

El ente contralor adujo que, esto, es sin perjuicio de la colaboración que la Dirección de Vialidad, en el ámbito de su competencia, pueda proporcionar.

El recurrente señala que se talarán árboles de las plazas de la ciudad sin plan de recuperación.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Santiago, que rechazó recurso de reclamación contra la resolución sancionatoria.

Se requieren dos reformas importantes: la primera, pensar en qué casos los fallos de la Corte Suprema deben tener efectos generales, para así no afectar la igualdad ante la ley; y la segunda, que todas las contiendas de competencias sean conocidas por el TC.

La convocatoria del gobierno a un proceso constituyente que desembocará en una nueva Constitución me provoca muchas dudas.

Si se mantiene el criterio contenido en la STC 2981, la Magistratura Constitucional debería afirmar que son los Juzgados de Policía Local los llamados a conocer de las infracciones a la normativa sobre propaganda electoral.

De aprobarse el proyecto, el derecho a la vida, protegido en el Artículo 19 Nº1 de la Constitución, se convertiría en el único derecho fundamental que puede ser afectado en su esencia impunemente.