Raúl Letelier

La Corte Suprema señaló que, se afectó ilícitamente la garantía de igualdad ante la ley del recurrente.

El imputado había sido condenado en primera instancia a la pena de doce años de prisión, por considerarlo organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de almacenamiento agravado.

Carta abierta al Estado Chileno.

La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La Magistratura constitucional solicitó, entre otras, información al Ministerio de Hacienda para determinar si se han realizado adiciones presupuestales al sector penitenciario para atender la emergencia sanitaria en los establecimientos de reclusión del país.

Podrán votar proyectos de ley y de reforma constitucional y ejercer sus facultades exclusivas.

El Tribunal Supremo procedió, en consecuencia, a denegar la solicitud y acordar que, previa la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo por parte de la recurrente se tramite la pieza ordinaria de medidas cautelares.

A fines de los años 70, Eduardo Soto Kloss – uno de los administrativistas de mayor influencia en los últimos 50 años – escribía un texto llamado “Derecho Administrativo Penal. Notas para el estudio de la potestad sancionadora de la Administración”. En él, sostenía básicamente que era contrario a todas nuestras constituciones la existencia de…

Veladamente la crítica de Correa se dirige tanto a aquellos que pretenden nuevos diseños constitucionales plagados de derechos, como a aquellos que “inflan” las garantías constitucionales para acorralar aún más a las mayorías y así obtener triunfos que consoliden lo que sería una agenda progresista.

El análisis constitucional de las normas que pretenden modificar parte del sistema educacional chileno, entonces, no debe realizarse utilizando sólo una perspectiva limitativa. Ello representaría una visión tremendamente parcial y perjudicial.

A pesar de los diversos proyectos presentados a lo largo de nuestra historia, y al acuerdo casi unánime en los especialistas acerca de la necesidad de contar con tribunales especializados en el juzgamiento de materias administrativas, nuestro país no los ha contemplado.

Si la respuesta ius administrativa provendrá en el futuro desde la retórica de la matización o derechamente del redescubrimiento del derecho administrativo sancionador es algo que no resulta fácil vislumbrar pero que, creo, llegará más temprano que tarde.

No es difícil encontrar textos jurídicos que siguiendo una estructura bastante tradicional se planteen el Derecho Administrativo como el derecho del control a la Administración. Esta forma de comenzar los estudios de la disciplina ha sido especialmente exitosa en bastantes países. Sus premisas son bastante conocidas. El poder es peligroso y la manera en que puede dejar de serlo es limitarlo. El Derecho Administrativo es así un derecho relevante porque analiza la forma de actualizar esos límites.

El hecho que hoy estemos hablando de sustituir (y no desconocer) la Constitución de 1980 tiene su base en esta misma cita de Kelsen. Nadie –ni el mismo Corral– puede insinuar que la constitución que nos rige respetó los requisitos dispuestos en la Constitución de 1925 para su modificación.