Cese obligatorio de funciones a los 75 años: una medida al menos cuestionable.

Recientemente, mediante una disposición incorporada en la Ley de Presupuestos, se estableció que a contar del 1 de enero de 2027 los funcionarios públicos deberán cesar en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

Ante esta medida, cabe preguntarse: ¿es jurídicamente válida y éticamente razonable?

El trabajo constituye, sin lugar a dudas, un factor esencial de inclusión social. Es, además, un espacio en el que las personas se desarrollan, se realizan, se sienten útil y contribuyen al bien común. No en vano se ha sostenido con acierto que el trabajo dignifica. Desde esta perspectiva, la medida se encuentra en tensión directa con el principio de dignidad humana, piedra angular de nuestro ordenamiento jurídico, consagrado expresamente en el artículo 1º de la Constitución Política de la República y reiterado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en el párrafo segundo del Preámbulo, que irradia su fuerza normativa a todo nuestro derecho interno.