El aumento del plazo de flagrancia y el desafío de las unidades macrozonales de flagrancia del Ministerio Público

La flagrancia es la principal puerta de entrada al sistema procesal penal chileno porque concentra el mayor volumen de causas con imputado conocido y exige que policías, fiscales y jueces se coordinen en un plazos breves y bajo un estricto control de las garantías constitucionales de los intervinientes. La relevancia de la flagrancia viene dada porque en las primeras horas se define la legalidad de la detención, la cadena de custodia y, en buena medida, el resultado final del proceso; para enfrentar ese desafío el Ministerio Público hizo obligatoria en Octubre de 2023 la Bitácora Web Nacional como único canal de registro de los procedimientos flagrantes como también permitió agrupar Fiscalías Regionales contiguas en unidades macrozonales, así nació la Unidad de Flagrancia Macrozonal siendo la primera de ellas la “Unidad de Flagrancia de la Macrozona Norte”, que reúne a cinco regiones, de Arica y Parinacota a Coquimbo, y que hoy proyecta integrar Valparaíso, siendo la ventaja de este modelo es que existe una uniformidad de criterios, trazabilidad y eficiencia en un contexto de demanda creciente sobre los folios ingresados que ha ido en aumento este 2026.

Sin embargo, este modelo fue diseñado para el plazo de 12 horas que fijaba el artículo 130 del Código Procesal Penal. La reforma impulsada por la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, despachada por el Congreso en septiembre de 2026, amplía ese plazo a 24 horas cuando la detención es practicada por la policía. Lo anterior cambiará la naturaleza del trabajo de las unidades de flagrancia, las que, además de decidir rápidamente si los imputados pasan o no a control de detención, deberán dirigir investigaciones activas que podrán extenderse hasta por un día completo.

En el esquema de 12 horas, el trabajo de la Unidad de Flagrancia era esencialmente reactivo. El personal policial detenía a una persona sorprendida en la comisión de un delito e informaba el procedimiento a través de la Bitácora Web Nacional. Luego, el fiscal de turno evaluaba los antecedentes, impartía instrucciones y resolvía, normalmente dentro de un mismo turno, si el imputado pasaba o no a la audiencia de control de detención.

Con el plazo de 24 horas, ese equilibrio cambia, la ampliación opera sobre las letras d), e) y f) del artículo 130 del Código Procesal Penal, es decir, cuando el imputado es hallado con objetos o señales del delito, es sindicado por la víctima o por testigos presenciales, o aparece en un registro audiovisual, en todos esos casos, entre la comisión del hecho y la captura se abre una ventana de tiempo en la que es necesario levantar las grabaciones de cámaras, ubicar y entrevistar a los testigos, rastrear especies, verificar identidades y coordinar a las policías de distintas comunas, y si esas diligencias no se dirigen desde la primera hora, el tiempo adicional solo prolongará la búsqueda, sin mejorar la calidad de la prueba, por lo tanto, la reforma exigirá que las unidades de flagrancia asuman un rol mucho más activo del que ya tenían en dirigir funcionalmente la investigación en tiempo real y con un aumento considerable de detenidos -folios-, el fiscal deberá instruir, priorizar y controlar una investigación en curso, para ello necesitará policías capacitadas y especializadas con buenas técnicas investigativas porque en la audiencia de control de detención la discusión de la defensa ya no se centrará en cuánto tiempo transcurrió, sino en cómo se llegó al detenido y si el vínculo con el hecho es suficiente.

Mario Concha Matus

Fiscal Adjunto

Unidad de Flagrancia Macrozona Norte