Suicidio laboral: cuando el trabajo deja de ser vida

En Chile, cada día seis personas se quitan la vida. Según el Ministerio de Salud, en 2022 se registraron más de 2.100 suicidios, con una tasa nacional de 10,6 por cada 100.000 habitantes, superando el promedio mundial. Las estadísticas revelan un patrón claro: el suicidio afecta principalmente a hombres entre los 30 y 59 años, edad en la que el trabajo suele ocupar el centro de la vida cotidiana. Sin embargo, no existe una categoría oficial para el suicidio laboral, lo que impide dimensionar su impacto y diseñar políticas públicas efectivas. Esta omisión responde a una estructura legal, institucional y cultural que ha preferido mirar hacia otro lado.

Desde la psicología organizacional, sabemos que el suicidio no es un acto impulsivo, sino el desenlace de un proceso de sufrimiento psíquico profundo. La suicidalidad —que incluye ideación, planificación e intento— puede surgir incluso sin diagnósticos clínicos previos, especialmente cuando hay exposición prolongada a acoso, sobrecarga, aislamiento o violencia institucional. El trabajo, cuando deja de ser un espacio de dignidad y se convierte en una fuente sostenida de desesperanza, puede transformarse en el escenario final de una vida que no encuentra salida. Como señalan Valdés Gutiérrez y Henríquez (2024), “el suicidio laboral no es una patología individual, sino un fracaso colectivo de la ética organizacional”.

Desde el enfoque filosófico, esta problemática exige una lectura más radical. ¿Qué significa que el trabajo, vinculado históricamente con la realización personal y el reconocimiento social, se transforme en causa de muerte? Para Kant, tratar a otro como medio y no como fin es la esencia de la injusticia. El suicidio provocado por dinámicas laborales tóxicas no es solo una tragedia individual, sino el síntoma de instituciones que han dejado de tratar a las personas como sujetos dignos. Rousseau, por su parte, nos recuerda que la desigualdad no nace de la naturaleza, sino de estructuras que hacen del sometimiento una regla. Cuando las empresas, instituciones o jefaturas erosionan la voluntad racional de sus trabajadores, mediante el acoso, la indiferencia o la presión extrema, se rompe el contrato social y se pierde el derecho a la protección.