Suicidio laboral y el silencio institucional: entre el derecho, la ética y la filosofía del trabajo

El 1 de julio de 2025, una funcionaria del Servicio de Salud Araucanía Sur intentó quitarse la vida en dependencias de su lugar de trabajo. Su historia no es un hecho aislado ni un desenlace repentino: desde 2019 había denunciado acoso y hostigamiento laboral en distintos hospitales de la región. La Superintendencia de Seguridad Social reconoció oficialmente la relación entre sus padecimientos y las condiciones de trabajo, diagnosticando Trastorno de Estrés Post Traumático de Origen Laboral, Episodio Depresivo Mayor y Neurosis laboral. Pese a ello, las instituciones permanecieron inertes, que es justamente esta inacción institucional lo que termina siendo devastador para las y los denunciantes. El desenlace es un síntoma dramático de algo más profundo: el suicidio laboral como problema psicojurídico en Chile.

Dimensión jurídica: derechos fundamentales y deber de protección

El derecho chileno reconoce, a través de la Constitución y el Código del Trabajo, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas (art. 19 N°1 CPR). Asimismo, el empleador tiene el deber de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores (art. 184 CT). Cuando el hostigamiento laboral se prolonga en el tiempo y deriva en enfermedades graves —e incluso en conductas suicidas—, no estamos sólo ante un conflicto individual, sino ante una vulneración estructural de derechos fundamentales.