Tarifas eléctricas abusivas
El alza desmedida de las cuentas de la luz: ¿abuso legalizable o derecho vulnerado?
El alza sostenida de las tarifas eléctricas en Chile ha generado una creciente preocupación ciudadana y abre la puerta a posibles acciones judiciales. Más allá del argumento técnico de la “regularización de precios”, se cuestiona la legalidad, proporcionalidad y justicia social del incremento, en un contexto donde la electricidad es un servicio público esencial bajo control estatal.
En los últimos meses, las familias chilenas han debido enfrentar un duro golpe a su presupuesto: el alza sostenida y desmedida de las cuentas de la electricidad. La justificación oficial ha apuntado a la “regularización de precios” y a la aplicación de la denominada Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, que mantenía congelados los valores desde 2019. Sin embargo, el brusco incremento en las boletas ha encendido el debate sobre los límites de la legalidad, el control estatal de los servicios básicos y la eventualidad de acciones judiciales para frenar lo que muchos perciben como un abuso.
Un servicio público con deber de continuidad y equidad
La electricidad no es un bien cualquiera: es un servicio público esencial, regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos y bajo supervisión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). De allí deriva la obligación de las empresas concesionarias de actuar conforme a los principios de continuidad, universalidad y no discriminación en la prestación del servicio.
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