La Administración está facultada para solicitar a los oferentes en una licitación que salven errores u omisiones, pero ello no puede serle exigido ni fundar una acción de impugnación.

El Tribunal de Contratación Pública rechazó la acción de impugnación interpuesta por la empresa INCAR SEGURIDAD SpA en contra de la Resolución Exenta dictada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante la cual adjudicó la licitación del servicio de seguridad en sus oficinas a otro oferente, tras supuestamente calcular erróneamente el puntaje definitivo de la actora.

El Registro Civil inició un proceso de licitación pública para contratar el servicio de guardias de seguridad para 36 de sus oficinas ubicadas en la Región Metropolitana. Entre los criterios de evaluación establecidos en las bases administrativas, se encontraba el ítem de experiencia en la prestación de ese servicio, con una ponderación del 15% en el resultado final.

Mediante Resolución Exenta, el Servicio le adjudicó la licitación a la empresa Vigo Seguridad Industrial II SpA, con un puntaje final 94,87 puntos, mientras que la reclamante quedó en la quinta posición de las cinco oferta evaluadas, con un porcentaje de 80,16 puntos. Ante ese resultado, esta última empresa interpuso acción de impugnación, alegando la ilegalidad de la decisión tomada por el ente público. Esto porque su oferta habría sido evaluada erradamente al asignarle 0 punto en el ítem de experiencia, desconociendo la relación comercial vigente que tiene con el Servicio, la que se ha mantenido por varios años.