Conflictos de interés.
Autoridades que gestionan entidades bancarias inviables deben garantizar su independencia al ejercer su facultad de resolución, resuelve el TJUE.
En caso de que una autoridad nacional de resolución ejerza varias funciones, el Derecho de la Unión establece que, cuando ejerce la misión de resolución, la toma de decisiones de dicha autoridad debe protegerse contra cualquier influencia interna ajena a dicha función. El Tribunal concluye que, en comparación con sus otras funciones, el Derecho de la Unión exige la adopción de disposiciones estructurales para garantizar la independencia operativa de la autoridad de resolución y evitar conflictos de intereses.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una cuestión prejudicial, que las autoridades encargadas de gestionar entidades bancarias inviables, no deben estar influenciadas por actores ajenos al ejercer su facultad de resolución para así evitar conflictos de interés. Dictaminó además que su independencia debe ser garantizada con normas escritas y, a falta de estas, con medidas organizativas especiales.
En 2021, la Comisión de Supervisión Financiera de Polonia designó una autoridad de resolución para un banco, confiando esta función al Fondo de Garantía Bancaria (FGB), conforme a la normativa nacional que regula la garantía de depósitos y resolución bancaria. En 2022, ante el riesgo de inviabilidad del banco, el FGB decidió someterlo a un proceso de resolución, decisión que fue impugnada en sede administrativa por el banco, accionistas, acreedores y particulares, quienes presentaron más de ocho mil recursos.
El tribunal polaco, obligado por una disposición procesal a acumular todos los recursos, manifestó al TJUE que esta acumulación dificultaba garantizar un juicio en un plazo razonable, lo que podría afectar la tutela judicial efectiva conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Asimismo, consultó al TJUE sobre la necesidad de que todas las personas afectadas puedan recurrir para proteger sus derechos bajo el Derecho de la Unión, considerando el impacto de las cláusulas abusivas y los derechos individuales.
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