Corte Suprema de Estados Unidos fija criterios para distinguir los casos en que los funcionarios públicos están facultados para bloquear a usuarios en sus redes sociales.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que si un funcionario público utiliza activamente sus perfiles de redes sociales como una extensión de su papel oficial y para comunicar asuntos estatales, entonces el bloqueo de usuarios en esas plataformas podría considerarse una acción sujeta a escrutinio legal bajo la ley federal § 1983. Esta decisión ha generado un debate significativo sobre los límites de la libertad de expresión en línea y el papel de los líderes gubernamentales en las plataformas digitales.

La decisión fue tomada con ocasión de dos casos distintos: Lindke v. Freed y O’Connor-Ratcliff v. Garnier. Ambos involucraron a funcionarios públicos que bloquearon a individuos en redes sociales después de que estos expresaran opiniones críticas en su contra. La Corte precisó que los funcionarios pueden bloquear a los usuarios, a menos que tengan el poder de hablar en nombre del gobierno y tengan la intención de hacerlo a través de su cuenta personal personal.

Lo más notable es la divergencia entre los tribunales de apelación en estos casos. Mientras que la Corte del Sexto Circuito consideró que la actividad en redes sociales de los funcionarios no constituía una acción estatal, la del Noveno Circuito llegó a una conclusión diferente.