Régimen de visitas y comunicaciones entre hijos y padres procesados penalmente debe ser determinado por el juez de acuerdo al caso concreto.

El Tribunal Constitucional de España desestimó el recurso de inconstitucionalidad que los parlamentarios del partido político Vox dedujeron contra algunas disposiciones de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal respecto al apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Los parlamentarios estimaron que las disposiciones 2.10 y 19 de la citada ley, contravienen los artículos 94 y 156 del Código Civil, por cuanto “(…) prescriben que no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos”.

A juicio de los recurrentes, lo anterior vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, el cual posee protección constitucional. Ello, pues “(…) se priva al progenitor del derecho de visita de modo automático, por imposición legal, sin opción a que el juez pueda pronunciarse de modo distinto valorando lo más conveniente para los hijos menores. Se impide de este modo la efectividad del mandato constitucional por el que se impone a la autoridad judicial velar por la protección de los menores”.