Corte de Arica confirma 7 años de cárcel por homicidio frustrado pese a que ningún testigo presenció los disparos

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia que condenó a un hombre a 7 años de presidio efectivo, como autor del delito de homicidio simple frustrado, cometido en diciembre de 2022 en la ciudad.

En fallo dividido del tribunal de alzada descartó que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica presentara los errores denunciados por la defensa.

La controversia se centró en la valoración de las pruebas utilizadas para establecer la participación del acusado y en la fundamentación de la condena.

La defensa sostuvo que no se había acreditado suficientemente la existencia del delito ni la forma en que ocurrió la agresión. También argumentó que ningún testigo había presenciado directamente los disparos, por lo que no existirían antecedentes suficientes para atribuirlos al condenado.

Sin embargo, la Corte consideró que el tribunal oral había explicado de manera clara y razonada cómo las distintas pruebas permitían reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad del acusado.

En particular, destacó que los informes periciales y la evidencia material acreditaron la existencia de disparos en el segundo piso del inmueble, el forzamiento de una puerta de comunicación, rastros de sangre en el interior de la vivienda y lesiones por arma de fuego constatadas en el hospital pocos minutos después de la agresión.

A estos antecedentes se sumaron las declaraciones de tres testigos que situaron al acusado portando un arma de fuego frente al domicilio, además de un registro audiovisual que documentó esa misma secuencia.

El tribunal también valoró la evidencia que permitió establecer el lugar y la dirección de los disparos, así como la existencia de una vía de acceso forzada, elementos que consideró concordantes con la reconstrucción de los hechos.

Respecto de la ausencia de testigos presenciales de los disparos, la Corte recordó que la legislación no exige necesariamente pruebas directas para dictar una condena ni establece que determinados medios probatorios tengan mayor valor que otros.

En ese sentido, explicó que la responsabilidad penal puede acreditarse mediante pruebas indirectas o indicios, siempre que estos permitan alcanzar una convicción más allá de toda duda razonable.

Por ello, concluyó que la sentencia impugnada contenía una fundamentación suficiente y lógica, basada en el análisis conjunto de los antecedentes presentados durante el juicio.

Asimismo, señaló que los argumentos de la defensa buscaban cuestionar la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal oral, materia que no podía revisarse de la forma pretendida mediante el recurso de nulidad.