Corte rechaza demanda de exfuncionaria del Ministerio Público removida por falta de probidad e incumplimiento de sus obligaciones

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de nulidad interpuesto por el Fisco de Chile contra la sentencia que había declarado injustificado el despido de una exfuncionaria del Ministerio Público, removida por falta de probidad e incumplimiento grave de sus obligaciones. El tribunal de alzada concluyó que el juzgado laboral incurrió en un error de calificación jurídica al examinar aisladamente el acta de notificación del término de los servicios, sin considerar la resolución administrativa que fundamentó la remoción. En consecuencia, anuló el fallo y, mediante sentencia de reemplazo, rechazó íntegramente la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones.

La controversia se originó luego de que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco acogiera la demanda presentada por la exfuncionaria y condenara al Fisco al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio y el recargo legal del artículo 168 del Código del Trabajo.

El juzgado consideró que la remoción disciplinaria y el despido laboral constituían instituciones autónomas, por lo que la existencia de un procedimiento administrativo no eximía al empleador de cumplir las formalidades del artículo 162 del Código del Trabajo. En particular, estimó que el acta de notificación no contenía por sí misma una exposición suficiente de los hechos que justificaban la desvinculación.

Contra esta decisión, el Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de nulidad fundado en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, por errónea calificación jurídica de los hechos establecidos en la sentencia.

El recurrente sostuvo que el tribunal había desconocido la relación entre la remoción disciplinaria y las causales de término de servicios contempladas en el artículo 81 letras g) y j) de la Ley N°19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, relativas a la falta de probidad debidamente comprobada y al incumplimiento grave de las obligaciones funcionarias.

Explicó que la trabajadora fue sometida a una investigación administrativa regularmente tramitada, durante la cual se formularon cargos, se recibieron sus descargos y pruebas, y se estableció su responsabilidad disciplinaria. El procedimiento culminó con la sanción de remoción impuesta por el Fiscal Regional y posteriormente confirmada por el Fiscal Nacional Subrogante.

El Fisco destacó que esta última resolución fue entregada íntegramente a la trabajadora junto con el acta de notificación de 7 de octubre de 2024, por lo que conoció los hechos, las pruebas y las causales legales que motivaron su desvinculación.

Por su parte, la demandante defendió la sentencia del juez del trabajo, argumentando que la sanción administrativa no podía reemplazar las exigencias de fundamentación de una carta de despido y que el acta de notificación resultaba insuficiente para justificar el término de sus servicios.

Al resolver el recurso, la Corte de Temuco precisó que la controversia no exigía modificar los hechos acreditados, sino determinar si estos habían sido correctamente calificados desde el punto de vista jurídico.