Corte Suprema descarta prescripción y permite a Tesorería cobrar bonificaciones de la Ley Navarino recibidas indebidamente por empresa

La Corte Suprema acogió un recurso de casación en el fondo interpuesto por la Tesorería General de la República y anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que había declarado prescrita la acción de cobro contra una empresa por bonificaciones indebidamente percibidas al amparo de la Ley Navarino. El máximo tribunal estableció que estos beneficios estatales no constituyen impuestos ni obligaciones tributarias, por lo que las facultades de fiscalización de Tesorería están sujetas al plazo general de prescripción de cinco años establecido en el Código Civil, y no al de tres años previsto en el Código Tributario.

La controversia surgió por el cobro iniciado por la TGR contra una empresa para recuperar bonificaciones de la Ley Navarino (Ley N°18.392), que contempla un beneficio estatal equivalente al 20% de determinadas ventas y servicios, descontado el IVA, para empresas que cumplan los requisitos legales en el extremo sur del país. La sociedad recibió pagos el 2 de diciembre de 2015 y el 21 de abril de 2016, correspondientes a julio y octubre de 2015. Sin embargo, Tesorería determinó que habían sido percibidos indebidamente y ordenó su restitución mediante resoluciones de noviembre de 2020, notificadas a la empresa el día 16 de ese mes.

Ante el cobro, la sociedad opuso una excepción de prescripción, argumentando que había transcurrido el plazo legal para exigir la restitución de los recursos.

El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir rechazó la excepción de prescripción y ordenó continuar con el cobro. Sin embargo, la Corte de Punta Arenas revocó esa decisión, al estimar que las bonificaciones de la Ley Navarino, aunque no constituyen impuestos, tienen naturaleza tributaria y están sujetas al plazo de prescripción de tres años establecido en los artículos 200 y 201 del Código Tributario. Considerando que los pagos se efectuaron en diciembre de 2015 y abril de 2016, concluyó que la acción estaba prescrita cuando se inició la cobranza en noviembre de 2020 y se requirió el pago en diciembre del mismo año, sin que las fiscalizaciones de Tesorería hubieran interrumpido dicho plazo.

Frente a esta decisión, la TGR interpuso un recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema, denunciando la infracción de los artículos 8 N°3 y N°4 y 2 del Código Tributario; 2515 del Código Civil; 35 del Decreto Ley N°1.263; y 11 y 41 de la Ley N°18.575.

El organismo sostuvo que la sentencia de segunda instancia había confundido las facultades administrativas de fiscalización con la acción judicial destinada a obtener el cobro de una obligación previamente determinada.

Argumentó que la bonificación de la Ley Navarino constituye un crédito del sector público y no un impuesto, por lo que no corresponde aplicar a su fiscalización los plazos especiales de prescripción establecidos en el Código Tributario.

En consecuencia, afirmó que, al no existir una regulación especial en la Ley N°18.392, debía aplicarse el plazo ordinario de cinco años previsto en el artículo 2515 del Código Civil para ejercer las facultades destinadas a determinar la obligación de reintegro.

Agregó que solo una vez concluida esa etapa administrativa y establecida la obligación de devolver los recursos comenzaría a correr el plazo de tres años correspondiente a la acción de cobro.

Al examinar la controversia, la Corte Suprema señaló que resultaba indispensable determinar, en primer término, la naturaleza jurídica de la bonificación contemplada en el artículo 10 de la Ley N°18.392 y, a partir de ello, establecer las reglas de prescripción aplicables a las facultades ejercidas por Tesorería.

El máximo tribunal concluyó que dicho beneficio no constituye un impuesto ni una obligación tributaria, sino una prestación económica que el Estado concede a las empresas que cumplen determinados requisitos legales.

Precisó que esta conclusión no cambia por el hecho de que el monto de la bonificación se calcule descontando el IVA o porque su pago dependa del cumplimiento de obligaciones tributarias. Tales circunstancias constituyen únicamente condiciones y parámetros establecidos por el legislador para acceder al beneficio, sin modificar su naturaleza jurídica.

Por esta razón, descartó aplicar a las facultades de fiscalización de Tesorería el régimen especial de prescripción previsto en los artículos 200 y 201 del Código Tributario.

La Corte también destacó la necesidad de distinguir dos etapas diferentes: la fiscalización administrativa destinada a verificar si las bonificaciones fueron correctamente percibidas y determinar, cuando corresponda, su devolución; y el procedimiento posterior orientado a cobrar una obligación de reintegro ya establecida.

Explicó que ambas actuaciones tienen finalidades distintas y, por lo tanto, no corresponde confundir el plazo disponible para fiscalizar y determinar la procedencia de la restitución con aquel aplicable a la acción destinada a obtener el pago de la deuda.

En este sentido, sostuvo que, al no contemplar la Ley N°18.392 un plazo especial para ejercer las facultades de fiscalización relacionadas con estas bonificaciones, corresponde aplicar las reglas generales de prescripción del derecho común.

En particular, determinó que resulta aplicable el plazo de cinco años establecido en el artículo 2515 del Código Civil para las acciones ordinarias, considerando además que el artículo 2 del Código Tributario permite recurrir a las normas generales cuando una materia no se encuentra regulada por dicho cuerpo legal ni por otras leyes tributarias.