Corte Suprema ratifica negativa de pena sustitutiva a condenado por robo con intimidación

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de un condenado a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de robo con intimidación, en contra los integrantes de una Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, a los que acusa de incurrir en faltas o abusos graves al confirmar la sentencia que negó al condenado el acceso a la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, ordenando el cumplimiento efectivo de la pena.

Según expuso el recurrente, durante la audiencia del 14 de enero de 2025 el Ministerio Público dedujo acusación verbal en procedimiento abreviado, solicitando la pena de tres años y un día. El imputado Moreno aceptó los hechos y renunció a un juicio oral conforme al artículo 406 del Código Procesal Penal, siendo condenado junto a un coimputado. La defensa solicitó que se le otorgara la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, pues —afirmó— concurrían todos los requisitos de los artículos 15 y 15 bis de la Ley Nº18.216. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, argumentando que el condenado no contaba con irreprochable conducta anterior debido a sanciones registradas como adolescente.

La defensa alegó que dicha consideración vulneraba las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y la Ley Nº20.084, así como la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, que ha establecido que los antecedentes de responsabilidad penal adolescente no pueden ser utilizados en procesos seguidos contra adultos. En virtud de ello, solicitó que se invalidara la resolución de la Corte de Apelaciones y se ordenara conceder la pena sustitutiva, además de aplicar sanciones disciplinarias a los ministros recurridos.

Los jueces de la Corte de Apelaciones, al informar, señalaron que la decisión se fundó en que el imputado no cumplía el requisito del artículo 15 Nº2 de la Ley Nº18.216, pues sus antecedentes sociales, su conducta anterior y la gravedad creciente de sus ilícitos indicaban que una intervención en el medio libre no sería eficaz para su reinserción social. Indicaron que el condenado registraba sanciones previas por delitos contra la propiedad, lo que demostraba una evolución delictiva incompatible con la sustitución solicitada.

Al analizar el caso, la Corte Suprema recordó que el recurso de queja es un mecanismo disciplinario excepcional destinado únicamente a corregir faltas o abusos graves derivados de infracciones a deberes ministeriales en el dictado de una resolución judicial. Asimismo, destacó que la interpretación de los jueces respecto de los requisitos legales para conceder penas sustitutivas constituye un ejercicio propio de su función jurisdiccional y que divergencias interpretativas no configuran, por sí mismas, falta o abuso grave.

El máximo Tribunal constató que la decisión cuestionada fue adoptada tras un análisis valorativo y pormenorizado de los antecedentes personales del condenado, la naturaleza del delito y sus posibilidades de reinserción, elementos que la ley exige ponderar para conceder penas alternativas. En consecuencia, concluyó que la resolución impugnada no constituía un acto arbitrario ni ilegal, sino el resultado de una interpretación razonable del artículo 15 de la Ley Nº18.216 dentro del ámbito discrecional de los jueces, por lo que rechazó el recurso de queja.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº 4.864-2025.