Diario Constitucional

Fallo dividido.

Despido de trabajador de Banco Estado que cobró indebidamente el bono clase media se declara injustificado por la Corte Suprema.

El incumplimiento que exige el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo no sólo debe ser grave, sino que debe tener una conexión necesaria y directa con el contrato de trabajo.

Por Redacción·19 de junio de 2024·3 min de lectura
Fuente: diarioconcepcion.cl
Referencial

La Corte Suprema acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que desestimó el arbitrio de nulidad que dedujo en contra la sentencia de base que no hizo lugar a la demanda de despido injustificado seguida contra el Banco Estado.

El recurrente solicitó unificar jurisprudencia en cuanto a si posible cumplir la hipótesis de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, establecida en el artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, sin que existan deberes contractuales infringidos, sino sólo a partir de una supuesta infracción al contenido ético y jurídico del contrato de trabajo.

La sentencia impugnada desestimó el recurso de nulidad del demandante, argumentando que el Banco Estado es una empresa autónoma del Estado, con carácter de empresa pública, y que la Ley N°21.252 estableció el Bono Clase Media, sujeto a determinadas condiciones o requisitos, los cuales no reunía el actor, no obstante, solicitó y obtuvo dicho beneficio. Además, tuvo presente que, por instrucción impartida por el Subsecretario de Hacienda, el demandado mantuvo comunicación con el SII, lo que condujo a que el Comité de Ética del demandado investigara a todos los trabajadores que solicitaron dicho bono sin cumplir los requisitos y que no lo hubiesen devuelto, aplicando una escala de sanciones, todo lo que condujo a la judicatura del grado a concluir que el actor vulneró gravemente el contenido ético jurídico del contrato de trabajo suscrito con Banco Estado y la buena fe que deben mantener los trabajadores de una empresa estatal, lo que constituye una obligación inherente al contrato individual de trabajo, que fue calificada de grave, en atención al incorrecto proceder del recurrente.

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