La sanción administrativa es un instrumento que el legislador entrega al órgano del Estado para que proteja y haga efectivo el cumplimiento de la política pública, siendo ese el fin que la justifica.

La Corte Suprema acogió el recurso de apelación deducido por Sociedad Austral de Electricidad S.A. (“SAESA”) y revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia que desestimó el reclamo de ilegalidad que interpuso en contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (“SEC”) por la multa que le fue impuesta.

La SEC le aplicó una multa de 100 UTM por infringir la normativa eléctrica, luego que, mediante un Oficio Circular de mayo de 2020 instruyera a las empresas eléctricas informar el porcentaje de toma de lecturas de medidores, indicando el porcentaje de omisión de lectura del medidor de consumo de marzo.

A la reclamante se le formularon cargos por “incumplimiento de los artículos 123 y 222 letra d) del DS 327 de 1997 en relación con el artículo 225 letra x) del DFL 4/20.018 de 2006, Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”), por cuanto no efectuó lectura de los consumos de todos sus clientes en conformidad a lo establecido en la normativa vigente y lo informado por la empresa”, lo que trajo consigo la imposición de una multa de 100 UTM.