Debido proceso.
Recurso de protección de funcionaria municipal obligada a restituir asignación eventualmente mal percibida, es acogido. La decisión se adoptó sin procedimiento previo alguno.
Se deben adoptar los resguardos necesarios para respetar los derechos de los funcionarios que no estaban en condiciones de conocer la improcedencia del pago indebidamente percibido.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, y acogió el recurso de protección deducido en contra del del Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles por una funcionaria obligada a restituir dineros pagados eventualmente en exceso, alegando la vulneración de sus derechos a la igualdad a la ley, debido proceso y propiedad.
La actora expuso que, mediante Decreto Alcaldicio, el recurrido le requirió el reintegro de la suma de $21.118.388, pagadera en 42 cuotas mensuales, equivalente a un 21,34% de su remuneración bruta mensual, en virtud de una auditoría realizada por la Contraloría Regional del Biobío.
Añade que el informe de dicha auditoría estableció que, entre los meses de agosto de 2017 y julio 2018, se le pagó por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), en su calidad de Directora reemplazante del mismo, la asignación especial de incentivo profesional, en un porcentaje superior al tope del 30%. No obstante, el organismo no acompañó al proceso de auditoría –por negligencia inexcusable–, el acto administrativo que le otorgó dicha asignación, por lo que se determinó que resultó mal pagado no sólo todo aquello que excedió del mencionado tope, sino la totalidad de la asignación, cuyo monto se le ordena reintegrar.
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