Moción busca regular las labores mineras abandonadas y determinar quiénes responden por ellas

La moción, patrocinada por las Diputadas Valentina Cáceres y Paula Olmos, junto a los Diputados José Antonio Rivas (A), Sebastián Videla, Bernardo Salinas, Daniel Valenzuela, Carlos Carvajal, Nelson Venegas y Patricio Pinilla, propone una ley especial para prevenir los riesgos que las labores mineras abandonadas generan para la vida, la salud y la seguridad de las personas, y para determinar quiénes deben responder por ellas.

Según los autores de la iniciativa, el ordenamiento jurídico chileno carece de una definición legal de pasivo ambiental minero (las labores e instalaciones mineras abandonadas que generan riesgos para las personas y el entorno) y el catastro nacional no constituye un inventario exhaustivo ni permanente. El Servicio Nacional de Geología y Minería identificó 653 faenas abandonadas o paralizadas entre 2002 y 2014, 26 de ellas en la Región del Biobío, y luego informó 5.422 faenas abandonadas o inactivas, diferencia que se explicaría por un cambio en los criterios de registro. Añaden que los instrumentos de catastro se diseñaron pensando en los relaves de la minería metálica del norte, por lo que las labores subterráneas del carbón, como piques, chiflones, socavones y galerías, no están adecuadamente cuantificadas en la zona centro sur.

Como ejemplo, el proyecto se refiere a la cuenca carbonífera del golfo de Arauco, donde existen cientos de kilómetros de túneles bajo el mar. Recuerda la inundación ocurrida el 29 de julio de 1989 en Los Castaños, comuna de Curanilahue, provocada por el ingreso de agua desde una mina abandonada que no figuraba en registro alguno y que costó la vida a 21 mineros, y la explosión de gas grisú de 2007 en un pirquén de la misma comuna, que dejó dos trabajadores fallecidos y doce lesionados.

Los parlamentarios sostienen que la ley N° 20.551, sobre cierre de faenas e instalaciones mineras, busca evitar nuevos pasivos, pero no se hace cargo de los existentes, ya que solo rige para cierres posteriores a su entrada en vigencia. Además, señalan que las acciones de la ley N° 19.300 por daño ambiental prescriben a los cinco años desde la manifestación evidente del daño, plazo largamente vencido para los pasivos históricos.

Por ello, la propuesta recurre a una herramienta que, a su juicio, no ha sido utilizada: las acciones posesorias especiales del Código Civil sobre denuncia de obra ruinosa, que son preventivas y no prescriben mientras subsista justo motivo de temer el daño. El proyecto extiende esas reglas a las labores mineras abandonadas, modificando el artículo 935 del Código Civil, y otorga la acción a la municipalidad del territorio y a quienes habiten o desarrollen actividades permanentes en las inmediaciones. El tribunal podrá ordenar, además, el sellado o cierre de los accesos a costa de quienes deban responder.

La propuesta fija criterios objetivos para determinar cuándo una labor se considera abandonada: que haya cesado sus operaciones por más de dos años y que no cuente con plan de cierre aprobado o ejecutado, que haya dejado de operar antes de la ley N° 20.551 sin medidas de cierre, o que no sea posible identificar o ubicar al responsable. Constituirá un riesgo, entre otros casos, que los accesos no estén sellados, que exista peligro de colapso, de subsidencia, de acumulación de gases o de inundación de galerías. La calificación la hará el tribunal que conozca de la acción, sin afectar la vigencia de la concesión minera ni el dominio del terreno.